Cauca, Córdoba, Chocó, Nariño y Risaralda son los departamentos que se benefician entre el 23 y el 27 de mayo con la entrega de ayuda humanitaria inmediata, que se canaliza a través de las entidades territoriales con el fin de atender a población desplazada y confinada como consecuencia de la alteración del orden público.
Las entregas las realiza la Unidad para las Víctimas a las administraciones municipales por medio de la Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias (Spae) bajo el principio de subsidiaridad en atención a la solicitud realizada por los entes territoriales.
El departamento que recibirá más ayudas es Chocó donde se hará entrega de ayudas al municipio de Alto Baudó para atender a las comunidades afrocolombianas que se encuentran confinadas en Pie de Pató y de igual forma la comunidad indígena desplazada. Igualmente se realizará la entrega de ayuda humanitaria para Litoral de San Juan donde se encuentra población indígena confinada y población afrocolombiana desplazada debido al actuar de los grupos armados.
En Nariño se atenderá población desplazada del municipio de Roberto Payán, las cuales recibirán 500 kits de alimentos, 500 de aseo y 116 de hábitat.
En el Cauca, las entregas se harán en Santander de Quilichao, para atender población desplazada de la vereda Mazamorrero que recibirá 250 kits de alimentos y 250 de aseo.
En Córdoba la ayuda humanitaria será para el municipio de Puerto Libertador, donde hay población desplazada en el corregimiento San Juan. El envío son 210 kits de alimentación y la misma cantidad de aseo.
La ayuda en el departamento Risaralda tiene como destino el municipio de Pueblo Rico para atender a población desplazada de la comunidad embera katío (Santa Marta, Cañaveral, La Palma, Santa Teresa, Marruecos, Kemberdé, Paparidó, Guayabal, Lumadé, Bichuvara, Bichukera), con paquetes de alimentos, aseo y hábitat (518 de cada uno).
En este sentido, la Unidad para las Víctimas mantendrá el seguimiento a la situación del orden público en el territorio nacional, acompañando y asesorando a las entidades territoriales para la garantía del derecho a mínimo vital de las víctimas.
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