Durante cerca de dos horas las personas integrantes de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas presentaron un balance de los logros obtenidos en sus dos años de gestión (2017-2019) y de los retos que tendrá que asumir la nueva mesa que será elegida en noviembre de este año.
Cumplimiento del Acuerdo de Paz, mayor coordinación entre todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) y mayor protección al Gobierno Nacional fueron algunos de los principales reclamos de los delegados de las víctimas. También reconocieron diversos avances en la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
Durante su intervención, Blanca Yoli Real, representante de las víctimas del Vichada, fue enfática en expresar decepción porque, según dijo, las entidades creadas por el Acuerdo de Paz no las tienen en cuenta. “Que tristeza que esas entidades, la Comisión de la verdad, la JEP, la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos no han trabajado con nosotros. Les hago llamado para que trabajen con las mesas de víctimas, que son el espacio legal para la interlocución”, dijo.
De igual manera, la lideresa pidió no estigmatizar a quienes representan a las víctimas, como si fueran voceras de grupos ilegales. “No pedimos ser víctimas, nos tocó ser víctimas”, afirmó, y reclamó que se cumpla con las circunscripciones especiales para las víctimas en el Congreso de la República, incluidas en el Acuerdo de Paz.
Así mismo, pidió no dejarle “solo la carga a la Unidad, las alcaldías y las gobernaciones, porque hay muchas entidades que integran el Snariv”.
Blanca Yoli Real destacó la incidencia que logró la Mesa Nacional en el paquete de proyectos del fast track para el desarrollo del Acuerdo de Paz y en la aprobación de que el 7% de las regalías se dirija al desarrollo de proyectos para las víctimas del conflicto armado.
El vocero de víctimas en el exterior, Alfredo Castro, reconoció “el aumento de víctimas incluidas en el Registro a través del trabajo der la Unidad, de la cancillería y el avance significativo en indemnizaciones en el periodo 2017-2019”
Por su parte, José Alirio Barrera, vocero de víctimas del Casanare, pidió “reforzar el trabajo en retorno y reubicaciones tanto en el territorio nacional como en el exterior” e insistió en que “el reto de las nuevas mesas es lograr incidir para que el Gobierno y el Congreso
permitan la prórroga de la Ley 1448 y un documento Conpes con más recursos”. En esta sugerencia coincidieron todas las víctimas que intervinieron en el evento de rendición de cuentas.
En materia de indemnizaciones, Barrera planteó crear un software único para que todas las víctimas accedan a la información en el país y fuera de él y, por otra parte, propuso fortalecer la interlocución entre todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv).
El líder de víctimas del Casanare insistió en que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tome medidas para proteger a los líderes y lideresas amenazados.
Patricia Riveros, vocera de una organización defensora de víctimas, intervino en el evento y criticó las medidas de protección para las víctimas: “Los esquemas de seguridad son insuficientes, los vehículos no tienen el blindaje sugerido en los pliegos, los chalecos antibalas no pasaron pruebas, los escoltas dejan tirados a los protegidos porque son relevados. Lo digo con conocimiento de causa porque soy veedora nacional de la UNP y porque hago parte de la mesa por la vida”.
La próxima Mesa Nacional de Víctimas, para el periodo 2019-2021, será elegida en noviembre de este año.
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