Los delegados de las mesas municipales de Participación Efectiva de las Víctimas, las Organizaciones de Víctimas (OV) y las Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (ODV) se preparan para surtir una nueva elección, esta vez, la de las mesas departamentales y la del Distrito Capital, que se cumplirá entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre de este año.
Luego de la elección de las mesas municipales de participación que se llevó a cabo entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre, se contabilizan a la fecha, 1.047 mesas elegidas. En esta se eligieron representantes por los diferentes enfoques diferenciales y hechos victimizantes de los que habla el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas. Es decir, para los primeros habrá representación de mujeres, jóvenes, población LGBTI, personas mayores, personas con discapacidad y grupos étnicos; y para los segundos, por vida y la libertad, desplazamiento forzado, violencia sexual, integridad física y psicológica, víctimas de Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explotar (MUSE), y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), y desaparición forzada.
En noviembre será la elegida la Mesa Nacional de Participación, con representación de líderes elegidos en las mesas departamentales, además de la inclusión de dos cupos para connacionales víctimas en el exterior.
Este proceso inició el primero de enero cuando las Organizaciones de Víctimas interesadas en pertenecer a las Mesas de Participación se inscribieron ante las personerías municipales y distritales, postulando así a sus líderes.
Las nuevas mesas elegidas para el periodo 2019-2021 tendrán la responsabilidad de impulsar iniciativas como la visibilización de las víctimas en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no Repetición, continuar la lucha por las circunscripciones especiales de paz (16 curules para las víctimas en la Cámara de Representantes), la prórroga de la Ley 1448, reforma al Protocolo de Participación y la incidencia ante las autoridades locales para la formulación de los planes de desarrollo, para que se incluyan políticas públicas concretas y con presupuesto que les permitan alcanzar su reparación integral.
(Fin/APG/LMY)
