Incidir ante el Gobierno nacional para que elabore un documento Conpes que permita a la Unidad para las Víctimas “tener solvencia económica”, planteó José Alirio Barrera, a todos los integrantes de la Mesa Nacional de Participación Efectiva, recientemente elegida en Boyacá.
Barrera considera esencial dicha autonomía y liquidez de recursos para asegurar el pago de “las indemnizaciones y los diferentes proyectos que enmarcan las garantías de los derechos constitucionales de las víctimas del conflicto armado”.
A su juicio, el trabajo que inicia la Mesa Nacional también debe encaminarse al tiempo, con la prórroga de la Ley 1448, con apoyo del Gobierno y el Congreso.
De otra parte, Blasney Mosquera, representante del hecho victimizante de desplazamiento forzado en ese órgano directivo, aseguró que lo esencial es que todas las propuestas que haya para mejorar la situación de las víctimas, sean tramitadas desde todos los territorios para hacer una incidencia real y buscar soluciones en el nivel nacional.
“Hay que fortalecer la política pública de víctimas porque lo necesitamos es ver que sí puede llegar a los territorios más lejanos”, concluyó.
(Fin/AMA/LMY)
