Adriana Patricia Pérez Rojas tenía 14 años de edad cuando empezó la búsqueda de desaparecidos por el conflicto armado. Su padre y un tío no regresaron a casa después del 16 de mayo de 1996, cuando los vieron por última vez en una vereda de Cáceres (Antioquia).
Ambos trabajaban como mineros y días antes integrantes del Bloque Mineros de las Autodefensas los amenazaron para que abandonaran la mina y, según las versiones que conoció la familia, fueron los responsables de su desaparición forzada y asesinato. Recuerda que “dos días después empecé a buscarlos y nunca he parado”.
Con esa tenacidad, esta mujer se convirtió con el paso de los años en líder de familias de las víctimas de desapariciones forzadas en Antioquia y luego en el resto del país. Primero en organizaciones y también como su representante en la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas de Antioquia y en la nacional.
Ahora asume un nuevo reto al ser designada como una de las integrantes del primer Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, conformado por seis organizaciones de familiares y la sociedad civil y ocho entidades involucradas en su hallazgo.
Según Adriana, “nuestro trabajo en ese consejo asesor será incidir en la implementación del plan nacional de búsqueda para vernos reivindicados en ese proceso y el acompañamiento a las familias para que sea efectivo y podamos encontrar la verdad sobre dónde están y qué pasó con ellos”.
Agrega que llegar a este consejo asesor es importante “para articular las capacidades de las entidades del Estado con la información que por largos años han conseguido las organizaciones en los territorios, y que se logre un sistema de información para que las familias de más de 80 mil desaparecidos podamos hacerle seguimiento a nuestros casos”.
En ese sentido, indica que “desde las mesas de participación de víctimas hemos caracterizado casos para presentarles a la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz”.
Logros en reparación
Según Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, “los familiares de estas víctimas son apoyadas con medidas como la atención sicosocial, la indemnización administrativa y el acompañamiento en la recolección de muestras para la identificación genética, en las exhumaciones de restos óseos y durante la entrega digna de los restos a sus familias”.
Además, indicó que, “como parte de su reparación integral, más de 59.000 allegados han recibido la indemnización económica por valor superior a los $412.500 millones. Antioquia tiene la cifra más alta, con más de 18.000 familiares de desaparecidos indemnizados”.
De igual forma, en coordinación con la Fiscalía, la Unidad para la Víctimas también ha apoyado y cofinanciado las ceremonias de entrega digna de casi 3 mil restos óseos a 8.900 parientes y brindó atención sicosocial a más de 5.000 familiares reconocidos como víctimas indirectas.
La Unidad para las Víctimas también ha trabajado en articulación con la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía apoyando con recursos y atención sicosocial los planes de búsqueda de desaparecidos en el sector de La Escombrera y en cementerios de Medellín.
En el tema de memoria histórica, apoya los actos conmemorativos en cumplimiento de la Ley de Víctimas, que reconoce por parte del Estado colombiano la última semana de mayo y el 30 de agosto (día internacional del detenido desaparecido) como fechas representativas del movimiento de familiares de desaparecidos.
En la actualidad, como parte de la implementación del Acuerdo de paz, la Unidad es una de las instituciones que apoyan las tareas de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
(Fin/JCM/CMC/LMY)
