En aras de mantener los espacios de articulación interinstitucional en el territorio, la Unidad para las Víctimas ha participado en lo que va corrido de octubre en 11 comités Territoriales de Justicia Transicional CTJT, en igual número de municipios del departamento de Boyacá, y se encuentran programados otros 11 encuentros antes de finalizar el mes.
En las sesiones, en las que participan los representantes de las mesas municipales de víctimas, el Ministerio Público y las administraciones locales, han sido aprobados los conceptos de seguridad socializados por la Fuerza Pública, se han realizado ajustes a los planes de Acción Territorial (PAT), y se hace seguimiento al mecanismo de información y evaluación al desempeño de las entidades territoriales (plataforma RUSICST).
Para la directora de la territorial Central de la Unidad, María José Dangond, esta es una labor indispensable para mantener una relación adecuada con las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), “lo que nos permite apoyar y coordinar las acciones e iniciativas que se tienen desde el orden nacional, regional y local para garantizar la oportuna y eficiente atención y la seguridad a las víctimas de esta región del país”, puntualizó.
En Tunja, capital del departamento, se abordaron temas relacionados con los planes de prevención y protección, rutas de atención y la actualización del plan de Retornos y Reubicaciones, que permite establecer las medidas necesarias para el fortalecimiento de los procesos de atención a personas afectadas por el desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado interno y que llegan a este municipio.
“Lo anterior es el proceso de gestión pública que articula los niveles de gobierno del Estado colombiano para el diseño e implementación efectiva de la política de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas en función de las acciones de corresponsabilidad que contempla la Ley 1448 y con la que, además, se busca medir la contribución de las entidades territoriales en el goce efectivo de los derechos de las víctimas”, concluyó la directora territorial.
Relación municipios y acciones realizadas
Arcabuco: aprobación del concepto de seguridad.
Buenavista: plan de mejoramiento RUSICTS y aprobación del concepto de seguridad.
Cubará: aprobación plan de trabajo de la mesa, ajuste PAT y aprobación concepto de seguridad.
Nobsa: ajustes Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI).
Páez: definición de responsables el plan de Retornos y Reubicaciones.
Pajarito: aprobación concepto de seguridad.
Ramiriquí: ajustes al PAT.
Sáchica: aprobación concepto de seguridad.
Tasco: aprobación concepto de seguridad.
Tunja: plan de prevención, rutas de atención frente a los procesos de Retorno y Reubicaciones.
Zetaquira: concepto de seguridad y proyectos productivos.
Comités pendientes
Gachantivá, Gámeza, Labranzagrande, Otanche, Paipa, Saboyá, San Pablo de Borbur, Soatá, Sogamoso, Toguí y Boavita.
En Boyacá, según el Registro Único de Victimas, figuran a la fecha 37.976 personas que padecieron los rigores del conflicto de los cuales 4.730 se encuentran en su capital.
(Fin/WPG/LMY)
