Las mesas de víctimas de los departamentos de Meta, Guaviare, Guainía, Amazonas, Casanare, Vichada y Vaupés esperan con sus propuestas un trato diferencial en los próximos años en el Plan Nacional de Desarrollo.
De las jornadas de socialización de las propuestas de las víctimas del conflicto armado de esa región del país, que tuvieron el apoyo de la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación, surgió un paquete de iniciativas, dentro de las que se destacan:
En el Meta, los representantes solicitaron ampliar la oferta de educación superior para que las víctimas jóvenes puedan acceder a cualquier institución universitaria del país. Así mismo, más garantía en el acceso a líneas de crédito para el fortalecimiento de proyectos y emprendimientos y establecer un mecanismo que agilice el pago de las indemnizaciones según un tiempo determinado (que se priorice por tiempo y no por progresividad en la ley).
Gloria Peña Bermúdez, representante de las víctimas con discapacidad, agregó que hay urgencia para inyectar más recursos a las secretarías de salud del departamento y que se facilite la expedición del certificado de discapacidad porque es un documento fundamental para acceder a los programas sociales.
Por otro lado, en el Guaviare las propuestas estuvieron enfocadas en la adquisición de predios o asignación de aquellos que son objeto de extinción de dominio, con el fin de desarrollar programas de vivienda en el sector rural y urbano y flexibilización frente a zonas de reserva forestal para la implementación de proyectos de infraestructura social y comunitaria, sostenible y de bajo impacto ambiental en los casos de los procesos de reparación colectiva.
De otra parte, en la mesa de Guainía solicitaron para el Plan Nacional de Desarrollo más compromiso y presencia institucional, así como la creación de programas para la ocupación del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes, más proyectos de vivienda, educación étnica y con enfoque diferencial.
En Amazonas, dejaron claro que es necesario perseguir el narcotráfico; en las zonas no municipalizadas garantizar los derechos básicos como educación, salud, vivienda (no hay entornos protectores), inclusión del departamento en los PDET y más presupuesto para el Ministerio Público, para que puedan hacer presencia en las zonas de difícil acceso para la toma de declaraciones.
Casanare, por su parte, expresó la necesidad de acceso a vivienda digna, recuperación de tierras con acompañamiento productivo y la garantía de los derechos de los afectados por el conflicto.
También recalcaron la importancia de construir un nuevo documento CONPES más incluyente para la implementación de la Ley de Víctimas y donde se asignen más recursos para la reparación integral.
En Vichada, se planteó la intervención directa en el seguimiento al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas para atender los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas del conflicto armado. Adicionalmente, articulación territorial en las propuestas de satisfacción que tienen alcance en la reparación individual y colectiva.
Allí, Blanca Yoli Real, coordinadora de la mesa departamental también dijo: “Presentamos unas propuestas que esperamos de verdad sean tenidas en cuenta”.
La última jornada de esta ronda fue en Vaupés, donde los voceros expusieron 21 propuestas con inclusión étnica, las cuales enfatizan solicitudes como la implementación de mesas de concertación con mujeres indígenas víctimas para la protección de sus derechos y la asignación de recursos para la implementación de medidas de protección a la población.
Puntualmente, solicitan la creación de una casa museo de rescate y memoria histórica en cada departamento de la Orinoquía, con procesos de rescate y preservación de los hechos que impactaron las regiones, antes y después de la presencia de actores al margen de la ley en los territorios.
(Fin/DSC/DMT/COG/RAM)
