En el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional, este jueves, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, junto con la subdirectora general y los cinco directores misionales, se reunió con los delegados de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas del Huila, para abordar los retos en materia de atención y reparación en tiempos de pandemia.
El director general de la Unidad, Ramón Rodríguez, reiteró que la entidad, en este periodo de aislamiento, ha entregado 62.539 indemnizaciones administrativas en todo el país, con una inversión cercana a los 478.000 millones de pesos. Los principales beneficiarios de estos recursos son población en extrema vulnerabilidad.
El funcionario también indicó que la Unidad ha entregado 15.621 kits de alimentación a la población víctima que no recibe ningún tipo de ayuda económica de programas estatales como Familias o Jóvenes en Acción. “Esta medida la tomamos con el fin de solventar los efectos del aislamiento obligatorio por la actual pandemia”, agregó.
Frente a las dudas expresadas por las víctimas en cuanto a la ruta de priorización para el pago de la indemnización, el director explicó que “quisiéramos pagarles a todas las víctimas al mismo tiempo, pero en un esfuerzo por optimizar el presupuesto, continuaremos dándoles prioridad a las personas que más lo necesitan, como lo son las personas mayores, con discapacidad o con enfermedades catastróficas”.
El director también anunció que mediante el mecanismo de concurrencia, “las mesas departamentales podrán solicitar los recursos para la realización de un plenario durante dos días, el cual estaremos acompañando en lo que requieran, con miras a la aprobación del Plan de Acción Territorial”.
Derly Pastrana, coordinadora de la Mesa de Participación de las Víctimas, resaltó las ayudas alimentarias que la Unidad está enfocando a los sobrevivientes en situación de vulnerabilidad en el departamento.
La representante manifestó su preocupación por la entrega de indemnizaciones y por la situación de los niños víctimas que no han podido recibir clases: “Requerimos articulación con las secretarías de Educación para solucionar las necesidades de los niños víctimas que han visto vulnerado su derecho a la educación. Alrededor del 40 por ciento de los niños víctimas no han podido regresar a escuelas, tienen a sus papás desempleados por la emergencia y no cuentan con conexión internet”.
Por su parte, la subdirectora general de la Unidad, Lorena Mesa, les dio tranquilidad a los delegados de las víctimas en lo relacionado con la prórroga de la Ley 1448. “Ustedes deben estar tranquilos porque la Corte Constitucional ya definió la prórroga de la Ley de Víctimas, y la Unidad está apoyando el proyecto del Gobierno para dar cumplimiento a lo ordenado al Congreso en ese sentido”.
En cuanto a los recursos de las indemnizaciones administrativas, Mesa explicó que estos estarán disponibles hasta el 31 de agosto para su cobro, teniendo en cuenta las dificultades por el aislamiento preventivo. “A las víctimas que no puedan ir a cobrar en los próximos días, no se les va a devolver su giro y estará disponible hasta esa 31 de agosto para que se acerquen al Banco Agrario”, afirmó.
Mesa recordó que, en el Huila, el único municipio priorizado en los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) es Algeciras, y que para las víctimas en este municipio la Unidad avanza en la estrategia de reconciliación. “Este año hay acciones planteadas en atención humanitaria, indemnización, y la estrategia “Participaz” con legalidad, que es un curso para las víctimas que promueve los valores de la reconciliación, en una primera fase virtual”.
Gestión interinstitucional
Humberto Cedeño, delegado de la Mesa Departamental de Participación, manifestó sus inquietudes sobre el acceso a los programas de vivienda para las víctimas en el municipio de La Plata: “Solicito una gestión para que en el municipio de La Plata se revisen mejor los listados para postularse a viviendas, para las familias víctimas que realmente necesitan los subsidios”.
Aura Helena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional, indicó que la Unidad viene haciendo un acompañamiento a las mesas de participación en todo el país para que puedan incidir de manera efectiva en los planes, programas y proyectos de los entes territoriales, para que las víctimas se vean beneficiadas de todas las acciones del Estado.
“Seguiremos apoyando a las víctimas pese a la COVID-19 y nos comprometemos a buscar soluciones a sus necesidades. En tal sentido realizaremos tal y como ustedes lo están solicitando, una segunda capacitación a los personeros en territorio, para avanzar de manera efectiva en la atención a los sobrevivientes del conflicto”, puntualizó Acevedo.
En el marco de los ejercicios de armonización presupuestal para la vigencia 2020, la Unidad envió una carta a los entes territoriales para que efectuaran los ajustes que consideraran necesarios a sus Planes de Acción Territorial (PAT) para la implementación de la política de víctimas, con el fin de asegurar los recursos financieros necesarios, para poder atender a la población victima vulnerable, en el actual estado de emergencia.
Por su parte, el director de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad, Héctor Gabriel Camelo, precisó que, en lo relacionado con los giros de atención humanitaria, “tenemos un modelo de medición de carencias para entregar este apoyo, a hogares específicos con condiciones precarias para que la Unidad entre con su acción humanitaria”.
Durante la emergencia por la COVID-19, la entidad ha destinado 191.202 millones de pesos para giros de atención humanitaria a 301.352 hogares víctimas de desplazamiento forzado con carencias en los componentes de alimentación y alojamiento, con el fin de contribuir a garantizar el mínimo vital de los hogares que más lo necesitan.
Reparación
A su turno, el director de Reparación, Enrique Ardila, reiteró que la Unidad sigue cumpliendo su cronograma de entrega de cartas de indemnización.
“Las entregas de las cartas de indemnización se están realizando en los tiempos estimados, de manera personal a la víctima, se les está entregando la carta cheque, a través de la empresa de mensajería 4-72, cumpliendo con todas las medidas de cuidado”, explicó Ardila.
El funcionario agregó que una de las metas de la Unidad es la bancarización de las víctimas, para lo que se ha venido trabajando de la mano del Banco Agrario. “Con el Banco Agrario logramos bancarizar a cerca de 18.000 víctimas. Las personas no tienen que abrir una cuenta, sino que solo con la cédula se legaliza su cuenta. A partir del 6 de julio estaremos llamando a la víctima para que se acerque al banco”.
“En la Dirección de Reparación también seguimos adelantando las concertaciones con los colectivos que tienen proceso de reparación, y continuamos con el levantamiento de los perfiles de las familias retornadas o reubicadas que serán beneficiarias de esquemas especiales de acompañamiento familiar”, añadió el director.
Registro
Al final de la reunión, Emilio Alberto Hernández, director de Registro y Gestión de la Información, se refirió al avance de la entidad en inclusión de víctimas en el RUV y del trámite de novedades durante la emergencia sanitaria. “En esta época de pandemia, el histórico de novedades aumentó, hemos tramitado más de 5.500 novedades para víctimas en el Huila”.
En algunas dudas específicas sobre la oferta de vivienda en los municipios de Aipe y Rivera, el directivo se comprometió a enviar estos casos a las entidades del SNARIV para que se focalice la oferta.
La directora territorial de la Unidad para las Víctimas de Caquetá y Huila, Yhina Paola Lombana López, expresó que el “Gran diálogo nacional con las víctimas en tiempos de COVID-19” en el departamento del Huila, contó con “prácticamente todo el plenario de la mesa de participación efectiva de las víctimas, y la Unidad, en el nivel central, escuchó el sentir desde territorio y respondió de manera efectiva las inquietudes de los sobrevivientes”.
Lombana afirmó que aquellos casos puntuales o preguntas pendientes, se resolverán en el transcurso de la semana entrante, para no dejar ninguna inquietud sin responder.
Cerca de cinco horas duró la ronda de diálogo con la Mesa de participación de las Víctimas del Huila, moderada por Aída Solano Espinosa, coordinadora del Grupo de Enfoque Psicosocial de la Unidad. Las jornadas que se desarrollan durante dos días, incluyen a las mesas de Participación Efectiva de los 32 departamentos y la del Distrito Capital.
(Fin/LMY-XIL)
