Lograr la prórroga de la Ley de Víctimas para avanzar con la reparación integral y continuar con la incidencia ante las entidades regionales y las entidades creadas por los acuerdos de paz para consolidar el posconflicto, son algunos de los retos de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas de Antioquia en los próximos dos años.
Así lo concluyeron los actuales 23 representantes (de 1´300.000 sobrevivientes del conflicto armado registrados en este departamento), tras la rendición de cuentas de su gestión para el periodo 2017-2019 realizada en Medellín.
Según Menderson Mosquera, coordinador de la mesa, una “gran meta es la ampliación de la Ley 1448 (Ley de víctimas y Restitución de Tierras) con presupuesto, que no implique pérdida de derechos de las víctimas”.
Además, enfatizó en que las mesas deben continuar trabajando para lograr las 16 curules por vía de las circunscripciones especiales de paz, y agregó que “las Farc las tienen, pero las víctimas no tenemos esa oportunidad de participar en las decisiones políticas, que sería también una manera de repararlas”.
Los representantes de las víctimas de Antioquia también destacan su incidencia para defender sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación ante la Justicia Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad.
“Hemos logrado caracterizar los casos de desaparecidos en varios municipios de Antioquia, el departamento con casos en Colombia, para presentarlos ante la JEP y la unidad de búsqueda”, indicó Adriana Pérez, representante en la mesa por el hecho victimizante de desaparición forzada.
La delegada también señaló como retos que “los nuevos mandatarios (gobernadores y alcaldes) incluyan en sus planes de gobierno a las víctimas y se articule un plan de prevención y protección a líderes y defensores de Derechos Humanos”.
Avances en participación y reparación
Tras evaluar los logros y dificultades de su gestión, los integrantes de la mesa también reconocen que las víctimas hoy tienen representación y participación en la incidencia de las políticas públicas con las mesas de participación (municipales, departamentales y nacional) y espacio en comités de justicia transicional para interlocutar con las instituciones del Estado.
En ese sentido, el coordinador Menderson Mosquera explicó que “hay avances con la Unidad para la Reparación a las Víctimas en el reconocimiento de hechos victimizantes y medidas de reparación individual y con sujetos de reparaciones colectivas, que contribuyen a resarcir los derechos de las personas que sufrieron por el conflicto armado”.
También recordó que, gracias a las sesiones descentralizadas, “llegamos a las nueve subregiones de Antioquia para conocer la realidad y logramos incidir en el Plan de Acción Territorial Departamental con propuestas para restablecer los derechos de las víctimas que fueron vulnerados por la violencia”.
Según el informe de gestión, entre 2017 y 2019 la mesa trabajó para mejorar la articulación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (conformado por 53 entidades nacionales) y con los entes territoriales para buscar soluciones a necesidades de la población afectada por el conflicto en generación de ingresos, vivienda urbana y rural para los desplazados, acceso a la salud y la educación y ajustes al proceso de la reparación integral y la restitución de tierras.
(Fin/JCM/CMC/LMY)
