Escudo de Colombia y texto de la Unidad para las Víctimas

Las víctimas del Eje Cafetero despejaron dudas en materia de indemnizaciones y de reparación colectiva

Los delegados de las mesa departamentales de Risaralda, Caldas y Quindío establecieron una conversación franca con el director de la Unidad para las Víctimas y los directores misionales de la entidad, en el “Gran diálogo en tiempos de COVID-19”, para exponer sus inquietudes, dudas y propuestas referentes a la atención en medio de la pandemia.

En el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional, este viernes, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y el equipo directivo de la entidad, se reunieron con los delegados de las mesas departamentales de Participación Efectiva de las Víctimas de Risaralda, Caldas y Quindío, para abordar los retos en materia de atención y reparación en tiempos de pandemia.

Según los datos de la Red Nacional de Información, en el Eje Cafetero habitan más de 238.000 víctimas del conflicto armado, en los 53 municipios de los tres departamentos que lo conforman.

El director general de la Unidad, Ramón Rodríguez, reiteró que la entidad, en este periodo de emergencia sanitaria, ha entregado más de 62.000 indemnizaciones administrativas en todo el país, de las cuales 2.172 han beneficiado a víctimas en el Eje Cafetero, por un valor que supera los 18.111 millones de pesos.

“No ha sido fácil entrar a esta nueva etapa, nos manifiestan inconformidad por algunos retrasos en el pago de indemnizaciones y la causa de los retrasos es la pandemia. Anteriormente podíamos entregar cartas de forma masiva, ahora debemos coordinar el envío con la empresa 4-72 de una manera segura para todos”, argumentó.

El director se comprometió a que, “antes de finalizar la vigencia 2020 abriremos la ruta general de indemnización, con el 10 por ciento del presupuesto, porque hasta ahora hemos avanzado sobretodo en personas mayores o con discapacidad”.

El director indicó que en materia de atención presencial, “a medida que va avanzando la pandemia, buscamos mecanismos para atender a las víctimas en todo el territorio. Estamos analizando, para más adelante, la apertura de centros y puntos de atención con medidas estrictas, pero debemos continuar principalmente en la virtualidad, para cuidar la salud de las personas”.

Rodríguez agregó que una de las metas de la Unidad es la bancarización de las víctimas. “En este periodo de emergencia hemos logrado bancarizar a cerca de 18.000 víctimas, para facilitarles sus pagos, y garantizamos que los giros estén disponibles hasta el 31 de agosto para las víctimas que no puedan ir a cobrar en los próximos días”, afirmó.

La representante de las víctimas en el departamento de Caldas, Idaly Quintero Sinisterra, manifestó sus dudas con respecto a la inclusión de las víctimas en el Sisbén IV.

El director Rodríguez respondió a esta inquietud, que la Unidad estableció “un compromiso con el Departamento Nacional de Planeación para que las víctimas tengan una casilla marcada con una condición especial dentro del Sisbén, fue compromiso del plenario de Mesa Nacional en Bogotá”.

Para José Carlos Gálvez, de la Mesa de Víctimas de Risaralda, hay temas en los que se ha avanzado significativamente como lo son la asistencia, la atención y la participación.

Aunque indicó que “falta mejorar los temas de indemnizaciones y de generar condiciones de empleabilidad y de ingresos de las víctimas con proyectos en los municipios pequeños”. “Desde los territorios, con la Unidad se puede pensar en proyectos de la mano de empresas agropecuarias. Falta un poco de voluntad política para comenzar a dignificar las vidas de las familias víctimas”, agregó.

Los representantes de las mesas continuaron exponiendo sus inquietudes ante los directores misionales de la entidad. Luz Marina Narváez, del Quindío, expresó sus dudas sobre la oferta de vivienda para mujeres víctimas de la que trata el Auto 092 y respecto a los proyectos para mujeres rurales.

El delegado de Risaralda, Édgar Betancurt, afirmó que al departamento solo ha llegado un mínimo porcentaje de indemnizaciones, mientras que Marleny Gómez, de Caldas, dijo que, en su opinión, pocas personas han podido cobrar las indemnizaciones y no llega el monto esperado.

Según Luis Carlos Mejía, también de Caldas, en su municipio el PAT no ha sido socializado con la mesa de víctimas y en el Plan de Desarrollo no se especifica el presupuesto para las víctimas.

Subdirección General

A su turno, la subdirectora general de la Unidad, Lorena Mesa, les explicó a los delegados de las víctimas lo relacionado con la decisión constitucional de prórroga de la Ley 1448: “La Corte Constitucional ya definió la prórroga de la Ley de Víctimas, y la Unidad no apoyará otras modificaciones diferentes”.

“Apoyamos el proyecto que está radicado para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte en ese sentido y respaldamos las acciones del Gobierno actual, que es el que más ha invertido en las víctimas en los últimos años”, aseguró.

Gestión Interinstitucional

Aura Helena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional, indicó que la Unidad viene haciendo un acompañamiento a las mesas de participación en todo el país para que puedan incidir de manera efectiva en los planes, programas y proyectos de los entes territoriales, para que las víctimas se vean beneficiadas de todas las acciones enfocadas en territorio.

“Seguiremos apoyando a las víctimas pese a la COVID-19 y nos comprometemos a buscar soluciones a sus necesidades. En tal sentido realizaremos tal y como ustedes lo están solicitando, una segunda capacitación a los personeros en territorio, para avanzar de manera efectiva en la atención a los sobrevivientes del conflicto”, puntualizó Acevedo.

En el marco de los ejercicios de armonización presupuestal para la vigencia 2020, la Unidad envió una carta a los entes territoriales para que efectuaran los ajustes que consideraran necesarios a sus Planes de Acción Territorial (PAT) para la implementación de la política de víctimas, con el fin de asegurar los recursos financieros para poder atender a la población víctima vulnerable, en el actual estado de emergencia. La funcionaria se comprometió a enviarles estos documentos a las mesas de víctimas para que tengan conocimiento de dichas acciones.

Gestión Social y Humanitaria

El director de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad, Héctor Gabriel Camelo, precisó que, durante la emergencia por la COVID-19, la entidad ha entregado 280.956 giros de atención humanitaria por un valor de 178.392 millones de pesos, para atender a víctimas de desplazamiento forzado con carencias en los componentes de alimentación y alojamiento, con el fin de contribuir a garantizar el mínimo vital de los hogares que más lo necesitan. Para el Eje Cafetero han sido 7.346 giros por un valor de $4.448.225.000.

Caldas: 1.924 giros, por $1.064.579.000.

Quindío: 1.617, por $974.020.000

Risaralda: 3.805, $2.409.626.000

Reparación

El director de Reparación, Enrique Ardila, reiteró que la Unidad sigue cumpliendo su cronograma de entrega de cartas de indemnización.

“Las entregas se están realizando en los tiempos estimados, de manera personal a la víctima, se les está entregando la carta cheque, a través de la empresa de mensajería 4-72, cumpliendo con todas las medidas de cuidado”, explicó Ardila.

El funcionario detalló cómo se ha llevado a cabo la entrega de indemnizaciones administrativas en la región durante la pandemia:

Caldas: 992 cartas, por $8.736.216.005

Quindío: 387, por $3.089.475.236

Risaralda: 793, por $6.285.779.096

Frente a algunas dudas planteadas por los delegados, el director aclaró que los recursos de las víctimas “no se están desviando para atender otra población, ni para atender temas de la pandemia”. Aseguró que los recursos de las víctimas del conflicto son únicamente para las medidas y acciones dirigidas hacia ellas.

“En la Dirección de Reparación también seguimos adelantando las concertaciones con los colectivos que tienen proceso de reparación, y continuamos con el levantamiento de los perfiles de las familias retornadas o reubicadas que serán beneficiarias de esquemas especiales de acompañamiento familiar”, añadió el director.

Orbilio Maya, delegado de Risaralda, preguntó sobre el avance en esa región del sujeto de reparación colectiva ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos).

El director de Reparación respondió que en relación con este sujeto, “estamos en etapa de implementación, nos faltan 73 acciones para cerrar este plan, estas acciones dependen de las entidades del SNARIV”.

El funcionario se comprometió con los delegados a revisar aquellos casos puntuales o preguntas pendientes, en el transcurso de la semana entrante, para no dejar ninguna inquietud sin responder.

Asuntos étnicos

Por su parte, Luz Patricia Correa, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad, ratificó los compromisos con los sujetos colectivos de reparación étnicos que habitan en el Eje Cafetero, cuyos derechos se derivan de los decretos Ley.

Correa destacó la gestión de la Unidad para lograr que las entidades territoriales se vinculen en la implementación de los decretos: “Estamos brindando asistencia técnica para que los planes de Desarrollo Territoriales incluyan acciones decididas con planes, programas y proyectos para comunidades étnicas”.

Registro

Emilio Alberto Hernández, director de Registro y Gestión de la Información, se refirió al avance de la entidad en inclusión de víctimas en el RUV y del trámite de novedades durante la emergencia sanitaria. “En esta época de pandemia, el histórico de novedades aumentó, hemos incluido 56.559 víctimas (individual y tipo masivo) en todo el país, 764 personas en el Eje Cafetero (Caldas 188, Quindío 122 y Risaralda 454)”.

Dirección Territorial

La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Eje Cafetero, Laura Moreno, destacó la participación de los representantes de las mesas departamentales y expresó: “Quiero agradecer muy especialmente al director general de la Unidad para las Víctimas Ramón Rodríguez, a la subdirectora Lorena Mesa y a todo el equipo de directores misionales, quienes han proporcionado este espacio con los miembros de las mesas departamentales de víctimas de Caldas, Quindío y Risaralda”.

“Creo que ahora tenemos un panorama mucho más claro frente a las diferentes acciones que ha llevado a cabo la entidad en estos tiempos de COVID-19, en materia de asistencia, atención y reparación, esperamos poder seguir consolidando estas relaciones con los líderes, en la búsqueda del bien común de las víctimas que habitan en este territorio”, puntualizó.

Las jornadas de el “Gran diálogo con las víctimas del conflicto en tiempos de COVID-19”, se desarrollaron durante dos días con las mesas de Participación Efectiva de los 32 departamentos y la del Distrito Capital.

(Fin/LMY-EHB)

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