El reconocimiento de que la Ley 1448 de 2011 ha visibilizado y fortalecido a las víctimas, especialmente en lo relacionado con su participación e injerencia en los temas que los afectan, quedó claro en el último de cinco encuentros que se llevaron a cabo en diferentes regiones del país para realizar un balance de fortalezas y debilidades de dicha ley, en la que se enmarca la política pública de víctimas.
No obstante, quienes sufrieron en carne propia las consecuencias de los hechos violentos del conflicto armado, incluirán en el documento final del balance diversas propuestas sobre aspectos que creen son posibles de mejorar.
Durante todo este miércoles 20 víctimas analizaron en el hotel Dann, ubicado en el centro de Bogotá, la manera de incluir en un documento lo propuesto en los cuatro encuentros regionales anteriores y de añadir sus propias sugerencias.
Adriana Pinto, subdirectora de Participación de la Unidad para las Víctimas, explicó la importancia de la que “este evento hace parte del plan de acción de la Mesa Nacional de Víctimas 2017-2019 que realiza un balance de la implementación de la política pública de víctimas. En este se consolida un documento que servirá como insumo para construir el documento de balance de la política que tiene que hacer la Unidad de acuerdo a la ley”.
Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, destacó lo siguiente: “hay que destacar que la participación está garantizada independientemente de que todavía no es totalmente efectiva, porque en los escenarios de participación sigue siendo mayoría la institucionalidad; también, que casi toda la población víctima está incluida en el sistema de salud, aunque hay muchos problemas en el país en general con ese tema; le ley es buena, pero en temas de vivienda y restitución de tierras falta mucho”.
Y agregó que “ya van casi un millón de indemnizados, y con la resolución 1049 ese número va a subir, aunque se está indemnizando a la persona y no al núcleo familiar, reconocemos el esfuerzo en presupuesto, pero falta mucho, y no estamos de acuerdo con las 510 mil personas que este gobierno puso como meta en el Plan de Desarrollo. Esperamos que los nuevos mandatarios regionales tengan más voluntad”.
Maicol Martínez, sobreviviente del conflicto que coordinó el encuentro de en Bogotá, también habló de fortalezas y debilidades de la Ley: “es una fortaleza el compromiso del Estado de reparar de manera integral y no repetir esas acciones. La debilidad en la implementación de la Ley está en su financiación y en la articulación de las muchas entidades que componen el Snariv. En los años que quedan por venir tendrá que replantearse la Ley desde la premisa de que todas las acciones deben materializarse en los territorios y que más allá de la indemnización lo más importante es la dignificación del ser humano”.
Otros aspectos que analizaron diversas víctimas en la sesión de este miércoles fueron: la necesidad de hacer ajustes a las herramientas de prevención y protección con base en la articulación entre los planes de contingencia para las emergencias humanitarias, los planes de derechos humanos, los planes integrales de prevención y protección y los sistemas de alertas tempranas. Y sugirieron establecer una cabeza visible que articule el trabajo de esas instancias en los territorios.
Insistieron en la urgencia de fortalecer los sistemas comunicación que permitan la divulgación de normas y otra información importante para las víctimas, especialmente en las zonas rurales, donde muchas personas solo reciben mensajes por el celular.
Sugirieron que los recursos para las ayudas humanitarias, relacionadas con la atención y la asistencia a las víctimas, estén incluidas en los Planes de Acción Territoriales (PAT) y en los Planes de Contingencia, y que los montos que se acerquen más a la realidad.
Plantearon, también, que se brinde asistencia técnica más detallada a los nuevos gobiernos en las regiones sobre la política pública de víctimas y que se elabore una reglamentación para el alojamiento de las víctimas tras una emergencia humanitaria, de acuerdo con la categoría fiscal de cada municipio.
Las personas reunidas en Bogotá sugirieron que se fortalezca la atención diferencial en salud que está contemplada en la Ley de Víctimas y que se aumenten los recursos para la educación superior, especialmente en las regiones.
Así mismo, pidieron mayor seguimiento al impacto que se genera en la cadena productiva de los proyectos de generación de ingresos y especialmente mayor articulación para fortalecer la comercialización de los productos.
Los encuentros regionales, que se llevaron a cabo con el apoyo de la Subdirección de Participación de la Unidad, fueron los siguientes:
En la región central (Ibagué, 16 y 17 de septiembre), que agrupó a representantes de las mesas de participación y organizaciones de víctimas de los departamentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima, y el Distrito Capital.
En la región amazonorinoquía (Leticia, 24 y 25 de septiembre) participaron representantes de Meta, Arauca, Casanare, Vaupés, Guainía, amazonas, Caquetá y Vichada.
En la región Pacífico (16 y 17 de septiembre) estuvieron voceros de las víctimas de Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Putumayo.
En el de la región Caribe (16 y 17 de octubre) se hicieron presentes víctimas de Cesar, Guajira, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba y San Andrés.
Las líneas de la política evaluadas fueron: prevención y protección; atención inmediata y asistencia humanitaria; reparación integral individual; reparación colectiva; retornos y reubicaciones; participación, además de temas como tierras; las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo; Acuerdo de Paz y Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).
Estos encuentros cuentan con el apoyo de la Subdirección General y Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), encargada de las relatorías de la jornada.
(Fin/DRR)
