Participación, acceso a educación, vivienda y generación de ingresos fueron algunos de los temas que se discutieron, en la casa de la Nariño, en un diálogo con representantes de las víctimas y el Gobierno Nacional.

En el marco de la ‘’Agenda Nacional sobre lo Fundamental’’, representantes del Gobierno Nacional y líderes de las víctimas del conflicto, se reunieron este domingo en un diálogo que tuvo como objetivo identificar las acciones en la implementación de la política pública de víctimas y fortalecer los procesos de atención, asistencia y reparación integral.

El encuentro estuvo liderado por la vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez, el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio José Archila y el director de la Unidad Para las Víctimas, Ramón Rodríguez.

Allí, los representantes de las víctimas expresaron sus necesidades en una declaración conjunta que hizo énfasis en la situación actual que vive el país y en los temas de mayor interés para las víctimas del conflicto como el acceso a la educación, vivienda y generación de ingresos.

En primera instancia, rechazaron todos los tipos de violencia que se han venido registrando en el país debido a las manifestaciones.

Resaltaron la importancia de continuar fortaleciendo la participación de las víctimas, continuar en la implementación de lo pactado en el Acuerdo de Paz y fortalecer la oferta institucional focalizado en las víctimas.

Así mismo, se hizo énfasis en la importancia de crear mecanismos para el acceso a vivienda, avanzar en lineamientos que beneficien a las víctimas desde el sistema general de regalías y seguir trabajando en el nuevo documento CONPES que permita fortalecer la Ley de Víctimas durante los próximos 10 años, gracias a su prorroga. 

En la declaración conjunta se asegura que "El Gobierno Nacional ratifica a través de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas el compromiso con la atención humanitaria para la población víctima de acuerdo con la necesidad de atender a los que más lo requieran".

Y agregan que "Reiteramos que el Gobierno Nacional focalizará políticas públicas y programas con enfoque dirigido a víctimas, teniendo en cuenta que de 9 millones de víctimas registradas el 80% son de vocación rural y campesina"

También se acordó que se realizará gestión ante la Cancillería para que el servicio diplomático trabaje en red con las víctimas en el exterior.

Avances en atención, asistencia y reparación integral

Durante el periodo presidencial de Iván Duque, se han invertido importantes recursos en beneficio de la población afectada por el conflicto. 

Dentro de los principales avances se destacan la inclusión de 607.147 personas en el Registro Único de Víctimas, así como 110 sujetos de Reparación colectiva, en el periodo del gobierno actual.

En materia de indemnizaciones, se han entregado pagos por este concepto a 233.504 víctimas a través de 260.485 giros por un valor cercano a los $2,19 billones de pesos.

Así mismo, se destaca también el apoyo a las entidades territoriales en la construcción y mejoramiento de la infraestructura social comunitaria local en 187 municipios con una inversión superior a $31.500 millones de pesos entre agosto de 2018 y abril de 2021.

Entre otras inversiones que han beneficiado a las víctimas, se han destinado cerca de $4.913 millones de pesos en seguridad alimentaria, $48.195 millones en Atención humanitaria inmediata en dinero y en especie.

La declaración completa es la siguiente:

DECLARACIÓN CONJUNTA ENTRE LAS VÍCTIMAS Y EL GOBIERNO NACIONAL, EN EL ENCUENTRO CON LA SEÑORA VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DRA. MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN, PARA AVANZAR EN UNA AGENDA SOBRE LO FUNDAMENTAL

Domingo 9 de mayo de 2021, Sede Fragmentos Ministerio de Cultura.

Las organizaciones de víctimas hoy presentes aquí, represemos las voces de más de 9 millones de colombianos víctimas reconocidas. Hemos atendido la convocatoria del Señor presidente de la República de Colombia, Dr. Iván Duque Márquez, y de la Señora Vicepresidente de la República de Colombia, Dra. Marta Lucía Ramírez de Rincón, para encontrarnos y escucharnos avanzando en una agenda sobre lo fundamental y, manifestamos de manera conjunta que:

1.     Acompañamos este diálogo bajo el liderazgo del Jefe de Estado que representa la unidad de la Nación y ofrecemos trabajar en la construcción de consensos que permitan a Colombia el desarrollo de una agenda que deja atrás las páginas de la corrupción, pobreza, exclusión y violencia de nuestro país.

2.     No obstante la agenda de temas insatisfechos y pendientes respecto de las víctimas, creemos que es desde el Estado de Derecho y nuestra institucionalidad como podemos garantizar la reparación y, sobre todo la no repetición de los sufrimientos que ha tenido nuestra Nación.

3.     Compartimos la insatisfacción de los jóvenes que protestan y abogamos por un país más incluyente, pero rechazamos la violencia, vandalismo y destrucción de los bienes públicos que se han perpetrado en las manifestaciones. Las víctimas directamente hemos tenido que vivir el impacto que tiene el conflicto. Y rechazamos la violencia contra manifestantes al igual a la que se ha hecho contra los policías.

4.     Entendemos la importancia de fortalecer los procesos de participación y, por ello, seguiremos trabajando conjuntamente por las garantías en el marco del nuevo protocolo de participación, minimizando al máximo los posibles riesgos de bioseguridad en el marco de la actual emergencia sanitaria. Que, atendiendo las razones de bioseguridad y austeridad, en el mes de junio de 2021 se definirá con la participación nuestra la viabilidad de aplazar las elecciones de la mesa de víctimas para el 2023.

5.     Desde el CONPES que actualmente se está desarrollando para la sostenibilidad de la política pública de víctimas, continuaremos en el proceso de construcción teniendo en cuenta las diferentes propuestas presentadas por las víctimas y en particular, solicitar a los mandatarios locales que los proyectos económicos en beneficio de las víctimas con el 0,7% de regalías, de tal manera, que se concerten y utilicen en forma correcta y con un impacto real que mejore en forma sostenible las condiciones de la vida de las víctimas.

6.     Realizaremos un trabajo conjunto para fortalecer la oferta institucional de programas sociales focalizados para las víctimas en temas como el acceso a la educación superior, y se garantice la educación superior gratuita a los jóvenes víctimas directas del conflicto armado, acceso a programas para la generación de ingresos, vivienda y tierras, entre otros.

7.     El Gobierno Nacional ratifica a través de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas el compromiso con la atención humanitaria para la población víctima de acuerdo con la necesidad de atender a los que más lo requieran.

8.     Acordamos que mañana se establecerá por el Vice Ministro de Interior mesa de trabajo, con las autoridades competentes, para verificar posibles irregularidades de la UNP por falta de protección a quienes han denunciado a Senadores y miembros de las FARC en la asignación de carros y protección a personal que ni siquiera tiene un estudio de seguridad, en detrimento de la protección debida a las víctimas y se dará solución a los caso denunciados de violencia y acoso sexual por parte de los escoltas frente a los protegidos.

9.     Reiteramos que el Gobierno Nacional focalizará políticas públicas y programas con enfoque dirigido a víctimas, teniendo en cuenta que de 9 millones de víctimas registradas el 80% son de vocación rural y campesina.

10.  Concordamos en la importancia que tiene para las víctimas que los excombatientes de las extintas FARC-EP avancen en el cumplimiento de sus obligaciones en favor de las más de 9 millones de víctimas.

11.  Se realizarán mesas de trabajo para los temas con el ministerio de Agricultura y la Consejería de Estabilización y Consolidación y demás entidades competentes, con el objetivo de propender por el desarrollo rural en la población víctima.

12.  Realizaremos un llamado a las Gobernaciones, Alcaldías y al DNP para acordar los criterios en el marco de la Ley de regalías que beneficien a la población víctima.

13.  Se realizará gestión ante la Cancillería para que el servicio diplomático trabaje en red con las víctimas en el exterior.

(FIN/SS/MPA)