Los gobernadores y alcaldes salientes de todo el país deberán rendir cuentas de cómo les han cumplido a las víctimas y los entrantes, tendrán que incluir en su futuro plan de trabajo, la política pública de víctimas para garantizar atención y reparación a todos los afectados por el conflicto en sus territorios, según una propuesta planteada por Fernando Carrillo, procurador General de la Nación y Carlos Felipe Córdoba, contralor General de la República.
La iniciativa hecha pública la sesión de las comisiones de seguimiento y monitoreo de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, realizada en Bogotá y que estuvo acompañada por el vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero e integrantes de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, entre otros.
Carlos Felipe Córdoba, contralor General de la República fue enfático; “Mandatario local que no esté entregando la información pertinente de las víctimas que estén en sus regiones, tendrán que ser sancionados”.
“Creo que allí empezamos a construir nuestros mapas locales de víctimas reales y cómo sería la atención de ellos coordinada y organizada para que de verdad empecemos a generar un proceso de cambio en lo que sería su atención primaria y permanente”, agregó.
A su juicio, “la atención a nuestras víctimas y a nuestra comunidad se vuelve fundamental y no es solamente la reparación en términos monetarios o la repartición o entrega de tierras, sino la calidad de vida para nuestra gente”.
Córdoba recalcó que la seguridad en todo el territorio también es esencial para garantizar que las victimas vuelvan a sus tierras y que se generen efectivamente las condiciones para ser más prósperas en el futuro.
Compromisos
El procurador General, Fernando Carrillo, se comprometió con los voceros de las víctimas a acompañarlos y apoyarlos en la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos. “Me comprometo a ir con ustedes en el plenario de esa Federación, a proponer antes de que se vayan estos Gobernadores, que hagan una rendición de cuentas de cómo es que le han cumplido a las víctimas y de qué pasa con las mesas de víctimas departamentales, de cuál ha sido el porcentaje del presupuesto y de qué importancia tiene esto a nivel de la política pública en el campo departamental”, anotó.
Carrillo dijo que lo que hay que hacer también, con la Defensoría y la Contraloria, es poner el tema del cumplimiento de la política pública de víctimas, no solo en las campañas electorales que en este momento se están iniciando sino en los programas de trabajo que tienen la obligación de presentar quienes están aspirando a las gobernaciones y a las alcaldías.
“Eso nos permite crear un mecanismo de seguimiento que lleva a sanciones políticas, entre ellas la revocatoria del mandato sino no llegan a cumplir con lo que se han comprometido en esos programas de trabajo como candidatos a las corporaciones públicas”, subrayó.
El procurador insistió en que hay que comprometer a los candidatos más opcionados a las gobernaciones y más adelante, a las alcaldías, para el cumplimiento de la Ley de Víctimas. “Hay que hacer una reunión de la Federación Nacional de Departamentos con las víctimas y con los gobernadores poniéndole la cara a las víctimas, creo que es lo mínimo que podemos pedir en este momento”, señaló.
Orlando Burgos, integrante de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, se declaró a favor que comprometan a los mandatarios regionales y locales, salientes y entrantes con el cumplimiento de la política pública de víctimas.
(Fin/AMA/LMY)
