Miembros de una familia jiw en el Guaviare recibieron del Estado colombiano la indemnización administrativa que hace parte de la reparación integral y es una compensación económica por los hechos victimizantes sufridos en el marco del conflicto armado.
Esta acción se da en cumplimiento de la adopción de medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas jiw o guayabero y nükak, contemplados en el auto 173 de la Corte Constitucional.
“Los beneficiados con estos recursos recibieron una charla para la adecuada inversión de los recursos, así como orientaciones generales de la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Banco Agrario de Colombia y funcionarios de secretarías de la Alcaldía Municipal y la Gobernación del Guaviare”, destacó el director territorial de la Unidad para las Víctimas en Meta y Llanos orientales, Carlos Pardo Alezones.
El funcionario agregó que “todo este proceso se da teniendo en cuenta el enfoque diferencial para la protección y garantía de derechos de los grupos étnicos que habitaban los territorios desde tiempos ancestrales y que vieron afectadas sus formas de vida tradicionales por la presencia de actores armados”.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el pueblo indígena auto reconocido como jiw, pertenecía a las comunidades nómadas del país, que llevados por el despojo de su territorio se han sedentarizado desde hace unos años.
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