Escudo de Colombia y texto de la Unidad para las Víctimas

Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación rindió cuentas al país

Directora general de Prosperidad Social, Susana Correa ratificó su compromiso de trabajar desde todos los frentes contra la pobreza extrema y avanzar hacia la equidad

El sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, liderado por Prosperidad Social, realizó este viernes desde Buenaventura la rendición de cuentas de la vigencia 2018, ratificando su compromiso en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema en Colombia. 
“Desde el inicio de este gobierno en agosto de 2018, hemos dedicado nuestros esfuerzos en el rediseño de estrategias para corregir errores y prepararnos para cumplir el papel protagónico que nos exige el Plan Nacional de Desarrollo. Queremos ir más allá y sacar a 3,5 millones de personas de la pobreza extrema, avanzar en la reparación integral de las víctimas y liderar la Política de Familia, entre muchas otras estrategias a cargo de las entidades del sector”, indicó la directora Correa. 
 
Con una ejecución presupuestal del 92% por parte del Sector, conformado por el ICBF, la Unidad para las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, se presentaron los logros aportaron al objetivo fundamental de avanzar hacia la equidad. 
 
Prosperidad Social logró una ejecución del 87% del presupuesto de inversión, logrando fortalecer 487 organizaciones productivas con recursos del programa emprendimiento colectivo; entregar incentivos económicos a más de 2,4 millones de Familias en Acción y que 173.771 estudiantes de instituciones de educación superior se beneficiaran con los recursos de Jóvenes en Acción. 
 
De igual manera, 1,3 millones de personas se beneficiaron con la oferta social con inversiones por más de $46.000 millones, articuladas a través de alcaldías, gobernaciones y organizaciones sociales nacionales. Se han ejecutado un total de $756.000 millones en obras de infraestructura social. Son 1.691 proyectos, sumados a los mejoramientos de vivienda con los que se están empezando a beneficiar 18.722 hogares (68 por ciento de ellos en la zona rural). 
 
Con el programa Familias en Su Tierra se beneficiaron 15.132 hogares víctimas del desplazamiento forzado y más de 13.500 hogares, población vulnerable, fueron atendidos con el programa Mi Negocio. 
 
Retos  

Con la estrategia Unidos, puerta de entrada a la ruta para la superación de la pobreza, se atenderán 1.3 millones de hogares. Así mismo, Prosperidad Social avanza en la meta de vincular a 500.000 nuevos participantes al programa Jóvenes en Acción. Familias en Acción fortalecerá su vínculo con estrategias de inclusión productiva y los programas de intervención rural y los de emprendimiento alcanzarán a cerca de 250.000 hogares. Con Generación E se aportará en el componente de Equidad a que 320.000 jóvenes de bajos recursos económicos puedan acceder, permanecer y culminar sus programas de educación superior y con Casa Digna Vida Digna, ejecutará 325.000 intervenciones de las 600.000 programadas, con una inversión de cerca de 2,5 billones de pesos.  
 
Retos Buenaventura 

Se atenderán en 2019 a 2.445 estudiantes con Jóvenes en Acción con una inversión de $3.349 millones; a más de 33.000 niños de 22.414 hogares con Familias en Acción destinando $17.434 millones; 400 hogares víctimas de desplazamiento con el programa Familias en su Tierra con una inversión de $3.436 millones; se abrirán 450 nuevos cupos para Mi Negocio con una inversión de $2.376 millones y se atenderán 1.080 hogares con el programa con enfoque diferencial IRACA destinando para este objetivo $7.648 millones. Entre las principales gestiones se cuenta el avance en la renovación de la Plaza de Mercado José Hilario López, con una inversión superior a los $13.000 millones. 
 
Gestión entidades adscritas 
 
Unidad para las Víctimas 

En 2018, la Unidad para las Víctimas alcanzó una ejecución del 95.3% de su presupuesto asignado, que fue de 1.8 billones de pesos, de los cuales 697.000 millones de pesos corresponden a recursos de funcionamiento y 1.1 billones de pesos a recursos de inversión.

De esta suma, el 93% fue destinado en proyectos de inversión y al Fondo de Reparación a Víctimas, del cual salen los recursos para el pago de las indemnizaciones a las víctimas. Solo el 7% restante se destinó a la operación y gastos de funcionamiento.

En el tema de atención y reparación a las víctimas del conflicto durante 2018, la entidad logró: 

Indemnizar a 99 mil víctimas con una inversión de 631.138 millones de pesos, equivalente a 102.243 giros, logrando llegar a un histórico de 962.815 giros de indemnización en el cuatrienio 2014-2018.

Reparar 16 sujetos colectivos étnicos con una inversión de 4.386 millones de pesos. 

• El retorno y reubicación 29.000 hogares desplazados 

53 mil víctimas participaron en las estrategias de recuperación emocional y rehabilitación psicosocial

• La Unidad hoy cuenta con 172 puntos de atención en todo el territorio nacional. 

• Con una inversión total de 47.438 millones de pesos, hoy se cuentan con 29 centros regionales para atender a las víctimas

• Durante 2018 se logró la apertura y puesta en funcionamiento de siete centros regionales: (Villavicencio, Santander de Quilichao, Popayán, Florencia, Tumaco, Pereira y Barranquilla).

648 mil hogares recibieron atención humanitaria con una inversión de 564.181 millones de pesos, equivalente a 920.646 giros.

32.000 hogares recibieron ayuda humanitaria inmediata, con una inversión de 32.483 millones de pesos.

1.485 víctimas recibieron ayuda humanitaria por otros hechos diferentes al desplazamiento con una inversión de 2.221 millones de pesos.

76 municipios de país se vieron beneficiados con proyectos de infraestructura social y comunitaria con una inversión de 14.147 millones de pesos.

2.428 hogares se vieron beneficiados con proyectos de complementariedad agropecuaria con una inversión de 1.862 millones de pesos.

798 mil víctimas de desplazamiento superaron su condición de vulnerabilidad en los derechos de identificación, salud, educación, vivienda, generación de ingresos y reunificación familiar.

En los temas institucionales en 2018, la Unidad para las Víctimas logró la Certificación en Gestión de la Calidad ISO9001:2015 Norma Técnica Internacional, obtenida en la sede nacional y sus 20 direcciones territoriales.
De igual manera, la entidad se ha fortalecido en el seguimiento al mapa de riesgos, plan anticorrupción y plan de acción, y ha tomado conciencia por parte de los funcionarios y colaboradores de lo que son las evidencias para verificar su cumplimiento.

Finalmente, la entidad se plantea una serie de retos para el año 2019, entre los que están: 

Realizar el balance de la Ley 1448 (Ley de Víctimas) para revisar, evaluar su efectividad, realizar los ajustes y definir el tiempo para prorrogar la Ley, asunto que se le presentará al Congreso de la República para su respectivo debate. 
 

Dirigir recursos hacia la reparación de las víctimas, movilizando esfuerzos y recursos de la asistencia a la reparación, aplicando estrategias como la optimización del componente de indemnización administrativa e implementación de un acompañamiento integral en la entrega de esta medida.
 

Dar cumplimiento a los indicadores metas PND 2018 – 2022 a cargo de la Unidad.

• Número de víctimas reparadas

• Número de sujetos de reparación colectiva reparados administrativamente 

• Personas retornadas, reubicadas o reubicadas en sitio de recepción

• Personas víctimas que han superado la situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento forzado

• Sujetos de reparación colectiva étnicos indemnizados

Centro Nacional de Memoria Histórica  

Durante 2018 el CNMH recopiló los testimonios de 2.642 personas desmovilizadas, publicó 10 balances temáticos y metodológicos que aportan al esclarecimiento de los hechos ocurridos en el conflicto armado y realizó acompañamiento a 25 autoridades territoriales. 
 
ICBF 

La entidad vinculó a 1,3 millones de niños y niñas a la educación inicial y a 65.000 agentes educativos a procesos de formación en atención a la primera infancia. Así mismo Este gobierno reactivó el fondo contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; y la ruta interseccional de atención al niño migrante, entre otras cosas.
 

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