Carolina Cotes, subdirectora de Nación Territorio de la Unidad para las Víctimas y supervisora del convenio 1600 de 2018 para la construcción del Centro Regional de Atención a Víctimas en Ibagué (CRAV), destacó que es de vital importancia que la población afectada por el conflicto conozca los detalles del convenio y el estado actual del proyecto.
“Para nosotros es importante que ellos sepan los esfuerzos que está haciendo la entidad en cabeza de nuestro director general, Ramón Rodríguez, para sacar adelante este proceso”, aseguró.
En la más reciente visita a la obra, ubicada en el sector del Papayo en la capital del Tolima, Cotes estuvo acompañada de representantes de organizaciones de víctimas que conocieron de primera mano el estado actual del proyecto. Además, resolvieron sus inquietudes frente a los recursos invertidos por parte de la Unidad.
“Nosotros hicimos un aporte total en el convenio de $1.791 millones de pesos y de estos recursos se ha desembolsado a la Alcaldía de Ibagué el 50%. Así mismo, la Alcaldía ha pagado al contratista el 14%, es decir unos $327 millones, y el resto de lo girado se encuentra en cuentas del municipio y no se pueden hacer movimientos sin la autorización de la Unidad”, explicó la subdirectora, quién solicitó a los asistentes comprometerse con un control social y de veeduría.
Jorge Vásquez, representante de las organizaciones de víctimas, agradeció a la Unidad permitir el acceso a la obra y lamentó que luego de tres años una de las soluciones para la atención a las víctimas se encuentre tan retrasada y en un lío por el incumplimiento del contratista. “Vamos a hacer las denuncias públicas para que estos señores contratistas respondan y para que la alcaldía nos escuche y podamos entre todos salvar este proyecto”, manifestó.
La obra actualmente se encuentra con un avance del 24% y por inconvenientes con el contratista (consorcio Betar Ibagué) no hay avances desde hace un año. La Unidad para las Víctimas no intervino en el proceso de contratación.
(Fin/WPG/COG)
