Escudo de Colombia y texto de la Unidad para las Víctimas

Unidad orienta a gobiernos salientes en elaboración de informe de gestión en materia de víctimas

En la recta final de la segunda fase de la Estrategia Nuevos Mandatarios, la Unidad para las Víctimas busca que los informes de cierre de gobierno de alcaldes y gobernadores muestren los avances y los retos de la implementación de la Política Pública de Víctimas.

Con el propósito de darles continuidad a los avances en materia de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas por parte de las administraciones entrantes, la Unidad para las Víctimas finalizará la segunda fase de la Estrategia Nuevos Mandatarios y Cierre de Gobiernos instando a los actuales gobernantes a elaborar adecuadamente sus informes de cierre.

En virtud de lo anterior, la Subdirección Coordinación Nación Territorio, logró brindar acompañamiento técnico, tanto presencial y/o virtual a los 1.101 municipios del país, las 32 ciudades capitales y los 32 departamentos del país.

El objetivo de este informe es entregar de manera completa y detallada las acciones y proyectos realizados durante el periodo comprendido entre el 2015 y 2019, evidenciando los avances obtenidos en materia de implementación de la política pública de víctimas para la pertinente rendición de cuentas que facilite el proceso de empalme, y a su vez, brinde los insumos necesarios para continuar con la implementación de esta política pública en los territorios.

El informe de gestión de cierre de gobierno, además de ser de obligatorio cumplimiento, es una oportunidad que tienen las entidades territoriales para visibilizar las acciones y programas en cumplimiento de la ley 1448 del 2011, realizados durante el periodo de gobierno local.

Se espera contar con los informes de gestión con la información consistente, coherente y pertinente a partir del 30 de noviembre del presente año.

Para la tercera fase de la Estrategia Nuevos Mandatarios y Cierre de Gobiernos, la Unidad para las Víctimas acompañará, de igual manera, a las entidades territoriales en sus respectivos procesos de rendición de cuentas y empalme, con el fin de garantizar que las gestiones y proyectos en beneficio de las víctimas sean tenidos en cuenta por los mandatarios en sus planes de desarrollo local.

(Fin/CAC/LMY)

 

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