En consenso con las mesas de participación de víctimas y entidades regionales, se aprobó el Plan de Acción Territorial (PAT) de la Gobernación de Antioquia, que invertirá en el actual cuatrienio de gobierno $1,4 billones para implementación de política pública de víctimas en prevención, atención y reparación integral.
En la segunda sesión del Comité Departamental de Justicia Transicional, se informó que este plan contiene 125 acciones para la inclusión social, económica y la reivindicación de los derechos vulnerados para la población afectada por el conflicto armado en esta región, que suma más de 1.400.000 personas. También incluye promoción de los derechos humanos y protección a líderes sociales.
“El Plan de Acción Territorial, como herramienta de planeación y articulado al Plan de Desarrollo Unidos por la Vida, nos permitirá hacer un riguroso seguimiento a la ejecución de la política pública de víctimas. Fue ampliamente socializado entre todos los estamentos y recibió su respaldo pleno”, aseguró Luis Fernando Suárez Vélez, gobernador encargado de Antioquia.
El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, reiteró que, según la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, “los entes territoriales tienen corresponsabilidad en la atención y reparación a esta población”.
Además, indicó que “la entidad se articula y brinda asistencia al Gobierno departamental para que, cada obra o inversión que realice una dependencia en un municipio, tenga un beneficio para las víctimas y se pueda certificar el efecto transversal de esas intervenciones en la política pública”.
La Unidad, como coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral, intervino en los comités realizados entre junio y julio para explicar cómo el PAT facilita que cada dependencia ejecute la política pública de víctimas de acuerdo con sus competencias. Así mismo, que identifique las necesidades de articulación y subsidiariedad con el Gobierno nacional.
Durante este año, también ha capacitado y brindado asistencia técnica a representantes de las mesas de participación, funcionarios de personerías y alcaldías municipales y la Gobernación para la construcción de los planes de desarrollo y los planes de acción territorial de los municipios. Hasta ahora, 68 alcaldías los han aprobado.
Para Menderson Mosquera, coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas de Antioquia, “la incidencia que hacemos busca defender los derechos de las víctimas para que sean restituidos con nuestra participación en las políticas públicas y para eso, en cada municipio, las mesas radicaron propuestas para garantizar acceso a atención diferencial, a vivienda digna, atención sicosocial, salud, educación y generación de ingresos a través de estos planes”.
En estos comités han participado representantes de las mesas de participación efectiva de las víctimas, líderes sociales, alcaldes, Defensoría del Pueblo, Procuraduría regional, dirección de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, Ejército Nacional y Policía Nacional.
(Fin/JCM/LMY)
