Como resultado de la asesoría y orientación no presencial de la Unidad para las Víctimas a las alcaldías municipales, han sido aprobados 60 planes de Acción Territorial en Antioquia (PAT), uno de ellos el de la Gobernación de Antioquia, con un presupuesto para el cuatrienio de $1,4 billones para implementación de política pública de víctimas en prevención, atención y reparación integral.
A través de la subdirección Nación Territorio de la Unidad, la entidad realiza el acompañamiento a los entes territoriales con el fin de que cada dependencia ejecute la política pública de víctimas de acuerdo con sus competencias. Al igual, que identifique las necesidades de articulación y subsidiariedad con el Gobierno nacional.
Durante este año, la entidad también ha capacitado y brindado asistencia técnica a representantes de 100 mesas efectivas de participación, a funcionarios de personerías y alcaldías municipales, y la Gobernación de Antioquia para la construcción de los planes de desarrollo, así como la implementación de herramientas como los Planes Operativos de Sistemas de Información (POSI) y SIGO para el manejo y seguimiento de sus indicadores de gestión.
De esta manera, la dirección territorial Antioquia ha participado de más de 50 comités de justicia transicional, en los que han sido abordados temas como los planes de contingencia con lo que se busca mitigar el impacto de las emergencias, que para este año ya se registran 1.609 personas (578 hogares) que han sido víctimas del desplazamiento forzado en los municipios de Cáceres, Tarazá, Ituango, y Urrao.
Sobre el particular, Julian Baseur, profesional de atención a víctimas de El Carmen de Viboral, dijo que “es importante que los municipios podamos recibir estas herramientas con el fin de que en las administraciones podamos implementar las líneas, las estrategias y los programas que tienen que ver con víctimas de acuerdo a lo que la Ley 1448 establece”.
Por su parte, el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, reiteró que, según la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, “los entes territoriales tienen corresponsabilidad en la atención y reparación a esta población por lo que sin importar las condiciones actuales que vivimos por la emergencia sanitaria, debemos continuar fortaleciendo la implementación de la política pública de víctimas”.
(Fin/SMC/CMC/LMY)
