Los secretarios de Gobierno, enlaces municipales de víctimas y personeros de los 47 municipios del Tolima fueron capacitados por parte de la Dirección de Gestión Interinstitucional y la Subdirección de Coordinación Nación Territorio de la Unidad para las Víctimas, bajo la coordinación de la dirección territorial Central, como estrategia de fortalecimiento de la implementación de la Política Pública de Víctimas.
En dos jornadas de asistencia técnica, los participantes conocieron sobre aspectos relacionados con los comités territoriales de Justicia Transicional (CTJT), máxima instancia de articulación a nivel regional que está conformada por al alcalde o gobernador, dependiendo del ente territorial, sus secretarios de despacho, el ministerio público, el Sena, el Icbf, la Policía, el Ejército, dos representantes de las Mesas de Participación de Víctimas y un delegado de la Unidad para las Víctimas.
“Estos comités son espacios primordiales para que las víctimas y las entidades del Estado definan el derrotero a seguir para garantizar la atención integral a la población afectada por el conflicto y hacer el seguimiento a los planes de acción y los compromisos definidos en Plan de Desarrollo de cada gobierno, y por eso la importancia de estas capacitaciones”, señaló María José Dangond David, directora de la dirección territorial,.
La interacción entre los expositores y participantes permitió una dinámica de retroalimentación, despejando dudas y apropiando nuevos conocimientos en todos lo relacionado a las funciones, sesiones y temas para tratar en los comités y subcomités técnicos que contempla la Ley 1448 y sus decretos reglamentarios. “En realidad esta es la base para que los municipios y las víctimas se apersonen de las herramientas que tiene el Estado para ofrecer una real atención y reparación a este segmento poblacional”, puntualizó la directora.
La certificación territorial fue otro de los temas que hizo parte de la agenda de los encuentros virtuales. Las certificaciones que se entregan a las alcaldías y gobernaciones anualmente son la manera con la que se busca medir la contribución de las entidades territoriales en el goce efectivo de los derechos de las víctimas, a través del cumplimiento de sus competencias en materia de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral.
(Fin/WPG/COG )
