“La Unidad para las Víctimas es una de las entidades más entuteladas del país. Esta situación la llevó a implementar soluciones estructurales para lograr mayor efectividad en sus esquemas de respuesta judicial en sede de tutela. Esta operación no para: funciona 7 x 24”
Así reconoció la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, a través de la Iniciativa de la Comunidad Jurídica del Conocimiento, el ejercicio jurídico y operativo de la Unidad para las Víctimas. Lo hizo en su boletín 41 publicado el pasado 12 de diciembre.
Desde 2014, con el apoyo permanente del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas (VISP) de USAID operado por OIM, la Unidad para las Víctimas formuló un plan de trabajo que le permitiera mejorar la atención y responder oportunamente a las víctimas por medio de los diferentes canales. Ese año la entidad recibió más de 217 mil tutelas, que representaban aproximadamente el 40% de las tutelas interpuestas en todo el país.
Este plan de trabajo presentado ante la Corte Constitucional por la Unidad para las Víctimas y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado promovió la emisión del Auto 206 de la Corte Constitucional, mediante el cual se establecieron medidas transitorias a favor de la entidad.
La estrategia institucional liderada por la Dirección General y ejecutada por el Grupo de Respuesta Escrita (entonces adscrito a la Subdirección General) permitió una disminución de 46% en la radicación de acciones de tutela entre 2015 y 2018.
Además, garantizó una mayor y efectiva atención a las víctimas y una mayor oportunidad a la respuesta judicial. Los anteriores resultados además se consolidaron como un logro de una de las líneas estratégicas de trabajo de la Unidad con USAID.
Vladimir Martin, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas, manifestó que uno de los resultados más relevantes de la estrategia es que “de cerca de 160 mil tutelas pendientes por resolver en 2015, en la actualidad tenemos aproximadamente 2 mil”.
“Lo que se hizo fue buscar un mecanismo de atención adecuada, con información completa, oportuna y efectiva, que redujera la necesidad de acceder al mecanismo de tutela, que generaba masividad de solicitudes y en algunos casos, redes de tramitadores, y en consecuencia se desnaturalizaba el sentido de esa figura de acceso a la justicia”, agregó.
Entre los mecanismos, la Unidad fortaleció sus sistemas de atención al ciudadano de forma presencial, telefónica y virtual. Con procesos internos y rutas estabilizadas logró focalizar la respuesta institucional y en noviembre de 2018 se creó el Grupo de Servicio al Ciudadano, con lo que se consolidan todos los esfuerzos institucionales de atención efectiva a las víctimas.
Adicionalmente, la Oficina Asesora Jurídica, a través del Grupo de Respuesta Judicial, consolida la respuesta judicial, capitalizando los aprendizajes de estos años en sede de tutela, para otros procesos como los de restitución de tierras y Justicia y Paz.
Este ajuste facilita a la Entidad mantener los esfuerzos para responder a las pretensiones de las víctimas y garantizar la respuesta oportuna y de fondo a sus solicitudes, en especial a aquellas más vulnerables, y con ello progresivamente disminuir la interposición de las acciones de tutela, como se evidenció al cierre de 2018.
