La gobernación del Atlántico, en Barranquilla, fue el escenario de la reunión del Consejo de Política Social 2023 que incluye a todas las entidades nacionales y territoriales encargadas de implementar la política pública de atención a grupos poblacionales vulnerables, entre los que se encuentran: víctimas del conflicto armado, infancia y adolescencia, juventud, población LGBTIQ+, personas en condición de pobreza extrema, personas con discapacidad y migrantes.
En el marco de dicha reunión, la directora de la territorial Atlántico de la Unidad para las Víctimas, Yesenia Pérez, expresó ante los representantes de las entidades territoriales y las instituciones asistentes, el esfuerzo que se viene haciendo para articular la política pública de atención a las víctimas del conflicto armado.
Sin embargo, advirtió que es necesario articular esfuerzos para optimizar los recursos y, en ese orden de ideas, llamó la atención para que se incluya a la Unidad y a los delegados de las mesas municipales de participación efectiva en los espacios de trabajo para la elaboración de los Planes de Acción Territoriales.
Un elemento para tener en cuenta es la necesidad de verificar la metodología de aplicación de encuestas para la calificación en el Sisbén, ya que muchas de las víctimas han manifestado que aparecen referenciadas con puntajes que no coinciden con su estado de vulnerabilidad.
En este momento, en el Atlántico, la Unidad para las Victimas tiene un total de 17 planes de retorno y reubicación para la población víctima del conflicto armado ubicados en 14 municipios del Atlántico incluido el Distrito Especial de Barranquilla, con planes focalizados en comunidades del sur occidente en donde residen grupos de víctimas principalmente.
La Unidad para las Víctimas hizo un llamado a la realización de un Consejo de Seguridad para verificar el estado de vulnerabilidad en el barrio Nueva Esperanza, incluido en una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
