Escudo de Colombia y texto de la Unidad para las Víctimas

Jóvenes víctimas del país recibieron entrega masiva de beneficios

Así lo reveló un estudio elaborado por la Unidad para las Víctimas, en 16 municipios del país y cinco ciudades capitales.

Un diagnóstico realizado por el Observatorio Grupo de Enfoques de Género de la Unidad para las Víctimas, denominado “Sobrevivientes constructores de paz: Panorama de los jóvenes en el conflicto armado interno”, reveló que los beneficios entregados por el Estado a esa población, supera el número de victimizados, pues se le han entregado 139.717 ayudas a 31.983 víctimas.

El estudio en referencia incluye las respuestas de 35.803 encuestados, 11.876 de 16 municipios (Mutatá, Tierralta, Arauquita, Fundación, Puerto Leguízamo, Ituango, Policarpa, Tibú, San José del Guaviare, Cartagena del Chairá, Suárez, Ríosucio, Tarazá, Quibdó, San Andrés de Tumaco y Buenaventura) y 23.927 ciudadanos en cinco ciudades (Medellín, Bogotá, Cali, Florencia y Santa Marta).

También registró que en los últimos cinco años, los derechos a la identidad y a la salud presentan un nivel de satisfacción entre la población víctimas joven superior al 60% en los 16 municipios y ciudades estudiadas.

En materia de empleo, sobresale que la mayor parte de jóvenes víctimas en municipios han trabajado en sectores relacionados con el campo (agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca) y actividades de servicios. En las ciudades, esa población se ha vinculado a actividades de construcción, servicios administrativos y de apoyo.

Se indica que las acciones implementadas por las instituciones estatales para lograr la superación de situación de vulnerabilidad se encuentran principalmente en las áreas de ayuda humanitaria, educación formal, afiliación al régimen de salud y programas de asistencia social.

Según el estudio, la mayor parte de las personas encuestadas afirmaron no tener pertenencia étnica y ser mujeres. En cuanto a vivienda se percibió que donde residen los jóvenes víctimas es propia individual o propiedad colectiva con pisos y paredes de cemento, ladrillo, bloque o material prefabricado.

En los municipios, se percibió que el nivel de escolaridad de los jóvenes víctimas encuestados alcanza el básico secundario y el de media de formación en las ciudades.

(Fin/AMA/CMC)

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