Entender las nuevas dinámicas y contextos que viven los territorios tras la firma del Acuerdo de Paz, para poder establecer mejores perspectivas de prevención de riesgos así como para atender y reparar de manera adecuada a las víctimas del conflicto armado en Colombia, fue el tema central de la reunión que sostuvieron el Ramón Rodríguez Andrade, director de la Unidad para las Víctimas, y Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo de la Organización de Estados Americanos al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA).
“Veníamos a hacer un balance muy general, revisando cómo nos ha ido y revisando situaciones complejas de los territorios, qué está pasando con las nuevas dinámicas en territorio, cómo funcionan nuestras acciones; lo que buscamos es compartir información, conocer lo que está pasando y poder articular acciones para no duplicar esfuerzos y poder intervenir en todo el territorio nacional”, explicó Ramón Rodríguez.
La MAPP OEA ha acompañado, desde su aprobación, la implementación de la Ley 1448 de 2011, apoya y hace seguimiento a los procesos de reparación y atención a las víctimas, especialmente colectivas, y a los procesos de elección de las mesas de participación de víctimas en todo el territorio nacional.
Roberto Menéndez, Jefe de la MAPP-OEA en Colombia, consideró la reunión “muy importante e ilustrativa” y añadió: “Hemos conocido la visión actualizada de la Unidad sobre el proceso de la reparación a las víctimas, sobre la necesidad de la reforma de los marcos legales, y el profundo conocimiento del director de las dinámicas cambiantes que perpetúan o favorecen a las víctimas; hemos revisado los niveles y las áreas de cooperación histórica, actualizado los niveles de canalizar información y hemos reforzado los lazos de cooperación sobre las bases de un objetivo común, que es la implementación le Ley de Víctimas”.
El director de la Unidad explicó la importancia de fortalecer el intercambio de información con la MAPP OEA, de manera similar a como se ha venido haciendo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y con otros actores humanitarios como ACNUR, OCHA y la Defensoría del Pueblo, para “llegar a un escenario aproximado que tenga en cuenta las nuevas dinámicas, nos permita prevenir los riesgos y atender bien las situaciones cuando se presenten”.
Rodríguez se refirió, por ejemplo, a situaciones de alerta que para las víctimas del conflicto se pueden presentar en diversas regiones como consecuencia de la fumigación de cultivos ilícitos y otras economías ilegales, en donde grupos ilegales presionan a la población para obtener el poder de territorios que consideran corredores estratégicos.
Menéndez también destacó como muy importante “la evaluación y valoración de la Ley”, a dos años del término de su vigencia y “la necesidad de adecuarla a los cambios novedosos y a veces muy complicados de los contextos territoriales porque, según señaló, en algunos territorios persisten las condiciones de inseguridad y el temor”.
Nicolás Fernández de Soto, coordinador de Cooperación Internacional de la Unidad para las Víctimas, explicó que “gracias a la articulación del equipo de Cooperación Internacional, identificamos dentro del mandato de la Misión, las áreas temáticas y los temas priorizados para este año por la oficina que maneja víctimas en la MAPP –OEA, logrando, a la par, un acompañamiento a las áreas misionales de la Unidad”.
La Unidad para las Víctimas, bajo el liderazgo del director Ramón Rodríguez, está elaborando un documento técnico sobre cómo ha sido la implementación de la Ley de Víctimas, que será entregado al Congreso de la República al final de este año y servirá de base para definir la prórroga de la misma.
(Fin/DRR/LMY)
