Atención de emergencias humanitarias, construcción de un centro de salud, planes de retorno y reubicación de población desplazada, entrega de proyectos a comunidades, pago de indemnizaciones, entre otras actividades, debió desarrollar la Unidad para las Víctimas de la territorial Chocó, en plena emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19, para atender las necesidades de la población vulnerada por el conflicto armado.
“Fue un aprendizaje constante que logró reinventarnos para poder impactar en todos los rincones de la geografía chocoana que alarga distancias por su condición natural”, indicó Vanessa Palacios, directora territorial en el Chocó.
La tarea fue maratónica y titánica en ocasiones porque se presentaron algunos hechos que alteraron el orden público en varios municipios como Alto Baudó, Bojayá, Bajo Baudó, Bahía Solano, Juradó, Medio Atrato, Medio Baudó, Litoral del San Juan, Nuquí y Tadó, que ocasionaron 28 emergencias humanitarias de tipo masivo, y en Quibdó causaron emergencias individuales.
Estos eventos afectaron alrededor de 5.000 hogares, es decir, un aproximado de 20.000 personas entre confinamientos y desplazamientos, sin dejar a un lado las familias de personas que fueron ultimadas por grupos al margen de la ley.
En este sentido, la inversión realizada por la Unidad asciende a más de $4.000 millones de pesos en apoyo en especie. En el 2020 se invirtieron $1.389.127.146,4 en apoyo brindado mediante la colocación de giros a los hogares víctimas en oficinas y/o corresponsales bancarios. De acuerdo con las competencias de la entidad, este monto cubrió los componentes de alimentación y alojamiento.
Además, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de emergencias humanitarias se construyó un centro de salud en el corregimiento de Pogue, del municipio de Bojayá, con una inversión superior a los $230 millones, que mejora las condiciones en la atención en salud de esta población azotada por el conflicto armado.
También por subsidiaridad se apoyó a 77 familias del municipio de Sipí, con un proyecto agropecuario por valor de $67.592.104, que permite contribuir en la disminución de la vulnerabilidad de la población frente al conflicto armado, mediante la entrega en físico de insumos en semillas, herramientas, alevinos, entre otros. A través de este mecanismo se pretende que las comunidades generen mayor arraigo a su cultura y territorio a través del desarrollo de actividades agropecuarias, mediante acciones coordinadas con las entidades territoriales que brindan la asistencia técnica a los beneficiarios, que deja una capacidad instalada y el conocimiento técnico.
En lo que tiene que ver con retornos y reubicaciones, la territorial Chocó pudo identificar a 157 comunidades en las que se pudo avanzar y aprobar el plan de retorno para que miles de personas puedan regresar a sus lugares de origen, y que se encuentran actualmente en Alto Baudó, Bajo Baudó, Bagadó, Bojayá, Carmen de Atrato, Lloró, Juradó, Medio Atrato, Litoral del San Juan, Nuquí, Quibdó y Tadó.
Igualmente, se vienen gestionando e implementando las necesidades priorizadas en materia de salud, educación, vivienda, generación de ingresos, tierras, identificación y alimentación, entre otras, como parte del acompañamiento a la población víctima de desplazamiento forzado en el Chocó, hasta cerrar los procesos.
Así mismo, el año pasado se realizaron 83 concertaciones comunitarias, encuentros que permitieron conocer la realidad de estas y revisar con ellas sus necesidades y priorizar las mismas.
En lo relacionado a los esquemas de acompañamiento comunitario, la Unidad para las Víctimas entregó a la comunidad del Siete en Carmen de Atrato un proyecto agropecuario, semillas y herramientas por valor de $50 millones.
En materia de reparación colectiva, la territorial a pesar de la pandemia pudo avanzar en jornadas sobre las medidas de reparación –Rehabilitación, Garantías de No Repetición, Satisfacción, Restitución e Indemnización–, en las que identificó los objetivos reparadores de cada acción de medida y los logros obtenidos en la comunidad indígena embera dobida de Bojayá, en Mondó Mondocito, en el consejo comunitario local de Tanguí, en el resguardo Sabaleta y en la comunidad indígena de La Puria, con una inversión de $965.713.516 millones.
Incluso se logró el cierre del primer sujeto de reparación colectiva, en Guaduas, en el municipio de Carmen de Atrato, en el que se invirtieron $789.516.435 en las 32 acciones reparadoras.
Finalmente, la reparación individual, a través de las indemnizaciones por vía administrativa, se convirtió en la vigencia pasada en un pilar fundamental para que 5.000 personas en condiciones de vulnerabilidad pudieran mejorar sus condiciones de vida, de vivienda digna, incluso de salud en varios municipios del departamento.
Fin/JDP/EG
