El difícil momento por el que pasan las víctimas del conflicto que pertenecen a las diferentes comunidades étnicas por causa del desplazamiento forzado y del confinamiento, los retos en materia de prevención y protección de estos pueblos ante la actual situación en sus territorios, y la prórroga de la Ley 1448 fueron los temas que hoy abordaron representantes de la Unidad para las Víctimas, la Comisión de la Verdad y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, en el conversatorio realizado por Colombia 2020 de El Espectador con motivo del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.
Si bien esta reflexión buscaba resaltar las lecciones y logros en los diez primeros años de implementación de la Ley 1448 y los decretos leyes, el análisis también subrayó los problemas de orden público que han sufrido las poblaciones étnicas en la Costa Pacífica y en Antioquia.
Según la Unidad para las Víctimas, al 12 de marzo de 2021, se han presentado ocho eventos de confinamiento masivo que han afectado a 3.800 familias, principalmente de Antioquia, Chocó y Valle del Cauca. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha registrado al 31 de marzo de este año 37 desplazamientos masivos que han perjudicado a 15.00 personas.
Ante este panorama, Luz Patricia Correa, directora técnica de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, manifestó que si bien hay un consenso tanto normativo como en prácticas de los programas y proyectos de la institucionalidad que se relacionan con la prevención temprana, la prevención urgente y la garantía de la no repetición, la prevención debe verse en clave étnica y territorial.
En este aspecto, Correa afirmó que el primer desafío es la presencia de “crisis humanitarias recurrentes en casi todo el Pacífico; allí hay un elemento territorial de la prevención, por lo que esta debe verse en clave territorial: por qué estos lugares, qué sucede allí, cuáles son los actores y las afectaciones”.
No obstante, para Correa, el mayor desafío en este sentido es “cómo entender que hay prácticas de protección y prevención en las comunidades étnicas que son necesarias que nosotros integremos mucho mejor, me refiero a la relación estrecha entre territorios, sus prácticas espirituales, la cultura; la protección y la prevención deben recoger toda esta concepción, lo que implica la guardia indígena, la guardia cimarrona, la manera de controlar el territorio, los sitios sagrados o la espiritualidad, aspectos que como institucionalidad no tenemos muy claros todavía”.
Respecto a la prevención y protección de las comunidades, Patricia Tobón, de la Comisión de la Verdad, dijo que 17 de los 22 territorios en los que se ha instalado el conflicto armado son de población étnica, “donde se da el rearme, donde los grupos armados encuentran sitos estratégicos
para establecer sus acciones de guerra para resguardarse; por lo que en ese sentido, si no hay un avance de acuerdo para el sometimiento de esos grupos, si no se llega a un proceso de desarme es muy difícil resolver esa repetición constante; el tema de la negociación con estos grupos en estas zonas es algo fundamental en términos de resolver el tema de raíz”.
Ante este hecho, William Paredes, director de la Fundación Luterana Mundial en el Chocó, coincidió en la complejidad de los retos en materia de prevención y protección de las comunidades, especialmente por “la serie de amenazas, señalamientos y el asesinato de los líderes y lideresas que hacen la promoción y la defensa de los derechos en el territorio, en medio de un conflicto que cada vez se agudiza más”.
Además, Paredes enfatizó: “La institucionalidad debe tener una presencia más real en las comunidades y no me refiero a un territorio en particular, a una cabecera municipal, me refiero a las comunidades que están distantes, donde no hay una señal de comunicación, donde no llegan con la información que les permita saber cuáles son los derechos a los que pueden acceder estas personas indígenas y afros en el territorio”.
Por su parte, Richard Moreno, coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, concuerda en la falta de presencia de la institucionalidad en el territorio como uno de los principales problemas para la prevención y protección de las comunidades étnicas, y afirmó que el principal reto en materia se concentra en “adecuar la realidad del lenguaje y de la normatividad”.
Desde ese punto de vista, Moreno subrayó: “Hace más de cinco años venimos señalando que la estructura institucional es inadecuada, por lo que no responde a la realidad de los pueblos étnicos, por lo que hay que adecuarla; por lo tanto, las acciones que se adelantan en los territorios en la implementación de las medidas terminan siendo equivocadas en la mayoría de las veces”.
Así mismo, recalcó que “no existe un registro de información étnico, adecuado y confiable, sobre la violencia que se da con la población étnica ni sobre las medidas de protección implementadas ni de los impactos negativos que se dan en los territorios ni en la caracterización de los riesgos”.
Con relación a la prórroga de la Ley de Víctimas, Correa aseveró ante este hecho que La Unidad para las Víctimas realizó un ejercicio de evaluación de su implementación. “En cuanto al balance de los decretos leyes hay muchos temas que son necesarios acelerar y que están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. La Ley 1448 ha avanzado en procesos de adecuación institucional: tenemos un Registro Único de Víctimas muy sólido, un sistema de información muy robusto, y en cuanto a los decretos leyes estamos en proceso de avanzar en esos desarrollos técnicos que ya ha alcanzado esa Ley, como son la asistencia y reparación integral”.
Además, teniendo en cuenta que en el Registro Único de Víctimas hay 549 pueblos que son sujetos de reparación colectiva, y que la reparación debe hacerse de manera gradual, Correa reconoció que “en ese orden la reparación es un reto enorme”.
Igualmente, afirmó que “estamos en la construcción de un nuevo documento de política pública económica y social denominado Conpes para las víctimas, que va a definir los recursos necesarios”.
Para reforzar el componente étnico de cara al futuro, Paredes manifestó que “se deben minimizar los obstáculos que no permiten avanzar en la reparación colectiva hacia las víctimas, que la reparación sea equitativa; no es lo mismo un proceso de reparación para comunidades campesinas o mestizas en territorios donde se puede acceder a medios de comunicación, a medios de información, incluso donde se puede acceder a la misma institucionalidad, que los que se hace en estos territorios del Pacífico”.
Como epílogo del conversatorio, en este aspecto Richard Moreno recalcó que “hay que reforzar la implementación de los decretos leyes étnicos; hay que hacer una adecuación institucional que si se hace tendremos éxito en la reparación y en la no repetición; sacar el término de transversalización a la hora de hablar de enfoque étnico, porque cuando se habla de transversalización es porque no se quiere hacer nada, y por último, es imperativo garantizar la participación de los pueblos étnicos, y también el acuerdo de paz en el capítulo étnico es claro en que el Estado y las Farc reconocen que los pueblos étnicos sufrieron de manera desproporcionada las consecuencias del conflicto; por lo tanto, la actuación del Estado, del Gobierno, para reparar a las víctimas debe ser desproporcionada de manera positiva, en términos de adecuación institucional y en términos de disposición e implementación de recursos”.
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