La Unidad para las Víctimas ejecutó acciones para la atención de comunidades jiw asentadas en límites entre Meta y Guaviare, las cuales recibieron una socialización en herramientas de subsistencia mínima para garantizar su pervivencia en las zonas que ocupan en la actualidad.
Con el objetivo de avanzar en la protección y garantía de los derechos de las víctimas que pertenecen a los grupos étnicos, en la jornada de trabajo se dio orientación de acuerdo con los resultados de la medición de carencias que se realizó meses atrás. En este ejercicio participaron más de 70 personas, que hacen parte de alguno de los siete grupos distribuidos por familias en el sector denominado como Caño La Sal.
Estas acciones buscan informar y sensibilizar sobre el buen uso de las ayudas humanitarias que han estado recibiendo estas comunidades de parte de la Unidad, en cumplimiento a la atención como población desplazada del conflicto armado. Con lo anterior, se busca generar medidas urgentes y efectivas, evitando la dispersión y desintegración de los lazos familiares y comunitarios, que puedan a su vez afectar su integridad como colectividades.
Según Carlos Pardo Alezones, director territorial para Meta y Llanos Orientales de la Unidad, “frente a la relevancia de conocer las afectaciones colectivas e individuales que el conflicto armado ha ocasionado en los pueblos indígenas, la Unidad para las Víctimas ha venido avanzando en la incorporación de variables diferenciales y étnicas para trabajar con estas poblaciones víctimas, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y en los decretos-ley para grupos étnicos”.
Las jornadas fueron adelantadas con el apoyo de la Dirección de asuntos étnicos y el equipo de retornos y reubicaciones de la entidad.
(Fin/EVA/CMC/LMY)
