Durante los primeros cuatro meses de este año, la Unidad para las Víctimas, a través de la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE), ha venido desarrollando diferentes acciones para atender a las comunidades étnicas víctimas del conflicto armado en todo el territorio nacional.
Por tal razón, en aras de iniciar con pie derecho el 2020 y teniendo en cuenta la posesión de los nuevos mandatarios en el país, la Unidad a través de la DAE revisó 99 planes de Desarrollo con la finalidad de verificar la incorporación del Enfoque Diferencial Étnico de los municipios y departamentos con mayor presencia de grupos étnicos.
Así mismo, ya cuenta con avances documentales en las rutas de 43 sujetos de reparación colectiva (14 afro y 29 indígenas) con incidencia en los departamentos de Amazonas, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.
Sin embargo, desde que el presidente de la República decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa del COVID-19, la Unidad ha tenido que redoblar esfuerzos encaminados a garantizar la atención de los pueblos rrom (gitano) e indígenas y de las comunidades negras, raizales, palenqueras y población afrocolombiana.
Dado que las comunidades étnicas en condición de desplazamiento, asentadas en zonas urbanas, se encuentran en una situación de extrema urgencia y vulnerabilidad, la Dirección de Asuntos Étnicos de la entidad ha venido coordinando acciones que permitan atender de manera diferencial a estas comunidades por parte de las entidades territoriales y, en especial, bajo la batuta de las secretarías de Salud con las que se han programado jornadas de aseo en asentamientos y visitas controladas para la sensibilización frente al cuidado y la necesidad del aislamiento preventivo.
Ante este hecho, la Unidad ha recibido solicitudes y listados censales remitidos por las comunidades asentadas en todo el territorio nacional para facilitar la entrega de la atención humanitaria por COVID-19, los cuales han sido tramitados bajo los lineamientos del Ministerio del Interior.
En total se han recibido 184 listados censales, de los cuales once corresponden a las kumpañas del pueblo rrom; 167 son de comunidades indígenas; cinco provienen de consejos comunitarios afro y hay un listado censal interétnico. Dichos listados censales proceden de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
Adicionalmente, se están tramitando 22 listados censales de comunidades indígenas asentadas en Bogotá.
También se coordinan acciones en territorios en donde, por condiciones de seguridad, la población se encuentra en riesgo y requiere una estrategia especial para la acción interinstitucional. Al respecto, la Unidad para las Víctimas hace seguimiento a la situación de las comunidades que han decidido aislarse o adentrarse en sus territorios de origen como es el caso de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los pueblos inga, misak, jiw, nükak, kamëntsá, nasa, wayuú, awá, entre otros.
En este contexto, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad también ha definido 21 productos dirigidos a la gestión para la formulación de Planes de Reparación Colectiva; la formulación e implementación de planes específicos de prevención y protección de comunidades negras; la realización de Esquemas Especiales de Acompañamiento basados en medios de vida; la caracterización y análisis de la información de comunidades étnicas víctimas; la Implementación del Modelo de Gestión Étnico (Resolución 1383 de 2019) y la asistencia técnica para la implementación de los decretos leyes étnicos, entre otros.
Finalmente, debido al desalojo de las comunidades embera que se encontraban en “pagadiarios”, en Bogotá, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad acompañó las jornadas de coordinación con la Personería y la Alta Consejería para las Víctimas y el Posconflicto de la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de buscar una solución ante la emergencia suscitada en medio del aislamiento preventivo para garantizar alojamiento, alimentación y salud para tales comunidades.
(Fin/EGG/LMY)
