Escudo de Colombia y texto de la Unidad para las Víctimas

Ocho años de avances en la restitución y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto

La Unidad para las Víctimas ha invertido alrededor de 11 billones de pesos en la reparación integral de los sobrevivientes del conflicto armado, de los cuales 6 billones han sido para indemnizar casi un millón de personas. La entidad es el principal agente humanitario del país. Las víctimas son prioridad en el Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque.

Hace ocho años, entró en vigencia en Colombia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) que ha permitido dignificar, reconocer, atender, asistir y reparar a los sobrevivientes de hechos sucedidos en el conflicto armado desde 1985, y les ha posibilitado tener espacios de participación e incidencia en las agendas municipales, departamentales y nacional.

Con el propósito de restituir y garantizar los derechos de las víctimas, durante los ocho años de vigencia de la Ley se ha consolidado el Registro Único de Víctimas (RUV) en el que, entre 2012 y el 1 de mayo de 2019, se han incluido cerca de nueve millones de personas (8.816.304), de manera individual, que constituyen el 17.7% de la población del país.

Así mismo, están registrados 616 sujetos de reparación colectiva, es decir, comunidades campesinas y barriales, pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales, afectados en lo colectivo por el conflicto.

Reparación integral

El modelo de reparación en Colombia es el único integral en el mundo, porque incluye medidas de satisfacción, rehabilitación, indemnización, restitución (de tierras, vivienda, fuentes de ingreso, acceso a crédito, educación, salud) y garantías de no repetición. Desde 2012, la Unidad para las Víctimas ha invertido 11 billones de pesos en todas las medidas de la reparación integral, de los cuales 6.1 billones corresponden a indemnizaciones entregadas a 986.961 personas.

Durante el actual periodo presidencial se han beneficiado 42.197 víctimas con 294 mil millones de pesos. La Unidad también acompaña los retornos y reubicaciones. Desde la posesión del Presidente de la República Iván Duque, 4.072 hogares han sido acompañados, del total de 274.829 que han hecho este proceso.

Como medida de rehabilitación, 213.532 víctimas han recibido atención psicosocial, de la cuales 44.388 la recibieron en el actual gobierno.

La Unidad, además, acompañó, entre agosto de 2018 y mayo de 2019, a 1.088 familiares de víctimas de desaparición forzada, en la entrega de 256 cuerpos y/o restos óseos.

En lo colectivo

Entre agosto de 2018 y mayo de 2019 se avanzó en la ejecución de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) de 118 sujetos de reparación colectiva, con la implementación de 474 acciones tales como la adquisición, dotación y entrega de bienes de uso colectivo, el apoyo a proyectos productivos y proyectos de infraestructura social y comunitaria, en las que fueron invertidos $15.965 millones de pesos.

En el mismo lapso fueron indemnizados 12 sujetos étnicos, por un valor de $3.147 millones de pesos, dineros que deben destinarse a un uso colectivo.

Mediante la estrategia Entrelazando, 237 sujetos colectivos avanzan en la reconstrucción de su tejido social, roto por el miedo y la desconfianza.

Atención en todo el país y en línea

De manera gratuita y sin intermediarios, la Unidad atiende a las víctimas en 173 puntos de atención y 32 centros regionales en todo el país. También, las atiende por los canales virtual, telefónico, presencial y escrito. Entre agosto de 2018 y febrero de 2019, se han puesto en funcionamiento 3 Centros Regionales (Pereira, Barranquilla y Riohacha) mediante convenios interadministrativos con entidades territoriales, con una inversión $5.612 millones, de la cual la Unidad aportó $3.885 millones (69%).

Actualmente se encuentran en construcción 2 Centros Regionales (Barrancabermeja e Ibagué) y para el 2019 se tiene priorizada la construcción de 3 (Pasto, Cartagena y Carmen de Bolívar).

Prevención y atención de emergencias

La Unidad para las Víctimas se ha convertido en el principal agente humanitario del país. Desde 2012 ha coordinado la atención de 5.376 emergencias humanitarias causadas por el conflicto armado. En el mismo lapso, la entidad ha brindado atención humanitaria inmediata, en dinero o en especie, con una inversión de 128.175 millones de pesos, con los cuales se beneficiaron 158.863 víctimas.

En el marco de la prevención urgente, desde 2012 se ha apoyado a las entidades territoriales con recursos para proyectos de infraestructura social y comunitaria, y agropecuarios. La Unidad suministró materiales y/o mobiliario para construir y/o mejorar infraestructura comunitaria local por valor de $56.155 millones. De estos, $14.148 millones se invirtieron entre agosto de 2018 y mayo de 2019, para 90 proyectos en 76 municipios.

Igualmente, desde 2012 se han apoyado proyectos agropecuarios orientados a la disminución de la vulnerabilidad de la población, mediante la entrega física de insumos (semillas, herramientas, alevinos, entre otros) que sirvan como transición de un proyecto de seguridad alimentaria a uno productivo, con una inversión de $6.941 millones. De estos, cerca de $1.862 millones se invirtieron entre agosto de 2018 y mayo de 2019 para 39 proyectos.

Asistencia Humanitaria

A partir de 2012, se ha atendido a población víctima de desplazamiento forzado y de otros hechos con más de 7’700.000 giros de atención y ayuda humanitaria, por un valor cercano a los $4,8 billones. De agosto de 2018 a mayo de 2019, se han colocado 561.066 giros de atención humanitaria por $ 368.757 millones, para 320.000 hogares.

El Estado prioriza a las víctimas

A junio de 2018, 798.005 víctimas de desplazamiento superaron su situación de vulnerabilidad, es decir, avanzaron en el goce de los derechos de alimentación, educación, generación de ingresos, identificación, reunificación familiar y salud, incluida atención psicosocial, a través de las 57 entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Incidencia y participación de las víctimas

Las víctimas han tenido la oportunidad de hacer propuestas para el Plan de Desarrollo 2018-2022 y de incidir en la política pública que les atañe a nivel municipal, departamental y nacional. Una delegación pudo viajar y expresarse en La Habana, Cuba, durante la negociación de paz entre el Gobierno y las Farc. Se han realizado 3 procesos de elección de mesas de participación efectiva.

Para el periodo 2017-2019, se eligieron 1.057 mesas de víctimas (19 mesas locales de Bogotá, 1.004 mesas municipales, 1 mesa distrital de Bogotá, 32 mesas departamentales y 1 mesa nacional). La Unidad diseñó la estrategia pedagógica y educativa “PARTICIPAZ, la Ruta de los Derechos” y los talleres “Resolución de conflictos con la fuerza de la verdad”, dirigidos al fortalecimiento de las víctimas integrantes de las mesas.

Proyectos de cofinanciación

En el periodo de 2013 a 2018, se firmaron 112 convenios de cofinanciación con 490 entidades territoriales bajo las líneas de atención psicosocial, generación de ingresos y seguridad alimentaria, por valor de $207.567 millones de los cuales $146.851 millones fueron aportados por la Unidad, apoyando a 32.598 familias. En esas cifras están 25 proyectos desarrollados de agosto a diciembre de 2018, por $53.515 millones, de los cuales $43.155 fueron de la Unidad.

Cooperación internacional

Se han movilizado entre 8 y 10 millones de dólares anuales. Más de 10 agencias, 2 programas a través del Fondo Multidonante de Naciones Unidas, 8 memorandos de entendimiento suscritos, articulación desde el equipo humanitario y la atención a emergencias, hacen parte del trabajo que vienen realizando la Unidad para las Víctimas y los organismos multilaterales.

La Restitución de Tierras

La restitución es uno de los componentes de la reparación integral de las víctimas. El proceso tiene tres etapas: administrativa, judicial y posfallo. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) lidera la parte administrativa: recibe solicitudes, reúne las pruebas de abandonos o despojos forzados, determina si inscribe el predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente (RTDAF) y tramita los procesos de restitución en nombre de las víctimas ante la justicia. 71.284 solicitudes han finalizado el trámite administrativo, las cuales corresponden al 75% del total de las solicitudes restituidas. En la etapa judicial, ya hay sentencias para restituir 341.725 hectáreas, que benefician a 45.655 personas.

En la etapa posfallo, 8.533 núcleos familiares ya tienen goce material de los predios, hay 2.478 órdenes de alivio a deudas financieras, 2.322 órdenes judiciales de alivio al pago de servicios públicos domiciliarios y 3.186 familias han sido beneficiadas con alivio a prediales por un monto de $2.798 millones condonados por los municipios. La URT ha invertido $98.868 millones en proyectos productivos que benefician a 3.756 familias (43% son agrícolas y 57% agropecuarios). Priorizados para vivienda de interés social rural, están 5.787 hogares.

Plan de Desarrollo y eventual prórroga de la Ley

En el Plan de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la equidad, se plantea, entre otros, el desarrollo e implementación del “Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas”, a través del diseño e implementación de estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la política pública de víctimas, como son:

  • Sentar las discusiones para analizar por componentes, una eventual prórroga de la Ley de Víctimas, cuya vigencia vence en el año 2021.
  • Alinear la política de víctimas con los más altos estándares internacionales, y los compromisos del Estado colombiano con la agenda 2030 y el reciente ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
  • Avanzar en la vinculación de la política de víctimas con políticas para la inclusión social y productiva, para que superen la vulnerabilidad.
  • Lograr la articulación de los objetivos y resultados de la política pública de víctimas con los planteados en la ruta de los procesos de estabilización.
  • Reconocer a las víctimas como actores claves para el desarrollo regional.
  • Dirigir recursos hacia la reparación de las víctimas movilizando esfuerzos y recursos de la asistencia a la reparación.
  • Optimizar el componente de indemnización administrativa e implementar una estrategia de acompañamiento integral en la entrega de esta medida.
  • Articular los procesos de retorno, reubicación, integración local y reparación colectiva con las autoridades locales y su visión de desarrollo de los territorios.
  • Consolidar el deber de memoria y verdad en contribución a la reparación simbólica.
  • En el marco de la política pública de prevención se desarrollarán acciones de protección a líderes y mujeres víctimas, dado el riesgo extraordinario, extremo o inminente que presenten.

(Fin/DRR/LMY)

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