Por primera vez en la historia, el Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) cerrará el próximo miércoles 22 de marzo el proceso de pago de indemnizaciones judiciales, con recursos propios que superan los 23.000 millones de pesos, a casi 8.000 víctimas de los bloques paramilitares Libertadores del Sur, Central Bolívar y Mineros, en cumplimiento de sentencias proferidas y debidamente ejecutoriadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
El valor del pago de estas indemnizaciones judiciales son el producto de la administración y la comercialización que el FRV ejerce sobre los bienes que fueron entregados por los postulados condenados de estos tres grupos paramilitares. Cabe resaltar que, a lo largo de los años que lleva la ley, no se habían realizado pagos con sumas tan representativas provenientes de recursos propios en favor de las víctimas como el que se lleva a cabo en este proceso, pues el componente de los pagos que más han sido utilizados en estos casos proviene del Presupuesto General de la Nación.
Dentro de este ejercicio adelantado por el Fondo para la Reparación se resalta que la entidad logró cubrir al 100% el pago de las indemnizaciones judiciales ordenadas en una de las sentencias contra Guillermo Pérez Alzate y otros excombatientes del bloque paramilitar Libertadores del Sur. En este caso, se realizó el reconocimiento de indemnización judicial por 283 hechos victimizantes, de los cuales con esta distribución de recursos propios se destinaron 19.000 millones de pesos en favor del valor reconocido en la sentencia, que fue de 24.000 millones; el valor restante se cubrió con los recursos del Presupuesto General.
Este proceso inició desde diciembre de 2022 con el pago parcial de las indemnizaciones judiciales por las afectaciones cometidas por estos tres grupos paramilitares en diferentes territorios del país. Los giros que se hicieron son correspondientes al reconocimiento de 8.894 hechos victimizantes, como: homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, reclutamiento forzado, secuestro, entre otros. Lo anterior, se realizó de acuerdo con el orden de afectación específico establecido en dichas sentencias de Justicia y Paz.
Todo el ejercicio adelantado por el Fondo para la Reparación culminará en Barrancabermeja, Santander, lugar en el que, además, se adelantarán una serie de actividades como el reconocimiento y la dignificación de las víctimas del conflicto armado, acompañamiento psicosocial y asesorías relacionadas a la inversión adecuada de los recursos para que estos tengan un efecto reparador en sus condiciones de vida.
Cabe resaltar que, si bien los pagos no representan al 100% del valor ordenado en los fallos, el Fondo para la Reparación, administrado por la Unidad para las Víctimas, viene avanzando y cumpliendo con lo que ordenan las sentencias de Justicia y Paz con el objetivo de cumplir la misión de satisfacer y materializar los derechos de las víctimas que, por años, han esperado que se les reconozca los daños causados por estos grupos paramilitares.
