La Unidad para las Víctimas se une a la conmemoración de la Semana de los Pueblos Indígenas, del 8 al 12 de agosto, para dignificar la diversidad étnica y cultural del país y los derechos de los pueblos indígenas, así como visibilizar la afectación sufrida por causa del conflicto armado.
Esta conmemoración parte de una fecha muy importante: el 23 de diciembre de 1994, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, cuando la Asamblea General de la ONU decidió instaurar el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, de forma que se conmemore la existencia, la resistencia y el proceso de pervivencia y lucha permanente de las poblaciones indígenas en el mundo, momento a partir del cual se implementan políticas de prevención contra la discriminación y exterminio de las poblaciones indígenas en el mundo.
“El decreto ley 4633 de 2011 le otorga un lugar diferencial a la atención, asistencia y reparación de las víctimas individuales y colectivas de los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado colombiano. El papel de la Unidad pasa por toda esta reivindicación de derechos y lucha por la pervivencia física y cultural de las comunidades indígenas; acoge la responsabilidad institucional de movilizar todo lo que dejaron las comunidades indígenas en su propio decreto ley para lograr asistirlas, atenderlas y repararlas acorde a su cosmovisión, a la ley propia, al gobierno propio, a los derechos colectivos que tienen como pueblos: el derecho al territorio, a la jurisdicción propia, a la autonomía”, dijo Luz Amanda Pasuy, directora de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas.
Las cifras de víctimas
El Registro Único presenta 543.256 víctimas pertenecientes a esta etnia, que corresponden al 5,83% de las víctimas que se han reportado en el país, de las cuales el conflicto ha cobrado la vida de 29.618 indígenas.
De ese total, 279.836 son mujeres; 263.173 son hombres; el 27,07% de las víctimas son niños, niñas y adolescentes; el 4,02% tiene alguna discapacidad; el 0,05 hacen parte de la población con orientaciones e identidades de género diversas y el 53,71% son indígenas acreditados.
Teniendo en cuenta que muchas personas sufrieron más de una violación a sus derechos, los hechos victimizantes que principalmente han afectado a estas comunidades son desplazamiento forzado (92% de la población indígena víctima), confinamiento (8,8%), amenaza (8,01%).
En esos indicadores resalta que los 48.169 indígenas que sufrieron confinamiento conforman el 49,8% del total de las personas que padecieron este hecho en el país.
El confinamiento se sufre “en los territorios como un hecho arraigado y enquistado fuertemente en la afectación territorial por causa de los diferentes elementos del conflicto armado, por lo que la Corte Constitucional resalta en su jurisprudencia los factores subyacentes y vinculados al conflicto, que no necesariamente están relacionados con las acciones propias de la confrontación, sino que son elementos que están por debajo de ese conflicto que movilizan esos entramados ilegales como lo que tiene que ver con el cultivo para el uso ilícito de la coca, que para nosotros, como pueblos indígenas, es una planta sagrada, pero que para las economías ilícitas es un elemento fundamental para la financiación de ciertos esquemas que hacen parte del conflicto armado, y que muchas veces son obligados a producir dentro de los territorios indígenas”, aseguró Pasuy.
Estos factores subyacentes, explicó la funcionaria, son elementos que inciden para que se presenten hechos como el confinamiento, a través “de la dispersión de indígenas y étnicos de manera particular que facilitan la presencia de los grupos armados y sus corredores estratégicos dentro de los territorios, lo que genera una incidencia en la posibilidad de administrar el territorio por parte de las autoridades, ya que la presencia de actores armados limitan ese ejercicio”.
Otro factor subyacente que Pasuy recalcó es “la siembra de minas antipersonas dentro de sus tierras que afectan la posibilidad de acceder a su territorio para cazar, sembrar, pescar, hacer sus ritualidades, realizar sus pagamentos en la medicina tradicional, conseguir la yerba para hacer una aromática para el dolor de estómago, lo que origina una desterritorialización física y cultural por la limitación en el acceso”.
En su misionalidad de velar por la restauración de los derechos de las comunidades indígenas, las cuales tienen especial protección constitucional, la Unidad para las Víctimas ha desarrollado diferentes acciones para atenuar las afectaciones originadas por el conflicto.
En materia de Atención Humanitaria, entre 2016 y el 30 de junio de 2022 realizó 289.403 giros por $205.124.053.000 a hogares víctimas de desplazamiento forzado, en los que el autorizado manifestó pertenencia étnica indígena.
En cuanto a Ayudas Humanitarias, del 2012 al 31 de mayo de 2022, se realizaron 2.344 giros por $2.842.044.658 por hechos diferentes al desplazamiento forzado.
Con respecto a la reparación individual, 33.541 víctimas indígenas han recibido $236.941.809.757 por concepto de indemnizaciones administrativas.
Para la reparación de las comunidades, la entidad se ha valido del mecanismo conocido como la consulta previa “que genera un escenario de diálogo, de gobierno a gobierno, donde la voz de las comunidades y su autoridad propia nos orientan sobre cómo avanzar como entidad en el proceso de reparación colectiva , a través de las cinco medidas que se tienen por ley: la restitución, la indemnización, la rehabilitación —que para los pueblos indígenas tiene qué ver mucho con la armonización y el equilibrio—, la satisfacción —que pasa por reconocer tanto a las personas como a los territorios como víctimas del conflicto—, y las garantías de no repetición, que nos permite a través del fortalecimiento de esquemas propios de protección prevenir la nueva victimización de los territorios”, afirmó Pasuy.
Según la funcionaria hay 364 sujetos colectivos étnicos indígenas, de los cuales el 25,5% se ubican en Cauca y Chocó. Y en razón a las labores conducentes a la recomposición de los derechos de estos sujetos colectivos, la Unidad ha invertido $65.991.278.076.
La Unidad también ha realizado acciones de acompañamiento psicosocial a 241 sujetos de reparación colectiva (SRC), en 24 departamentos. Y también ha acompañado a 10.576 víctimas indígenas —3.677 hombres y 6.899 mujeres— en las diferentes ofertas de la medida.
Fin EGG/COG
