En esta primera sesión remota, la Mesa Departamental de Víctimas del Caquetá, que representa a más de 355.000 víctimas del conflicto en la región, expuso sus inquietudes y necesidades a las directivas de la Unidad para las Víctimas en el “Gran diálogo con las víctimas en tiempos del Covid 19”, lapso en el que el departamento ya tiene otras 1.106 personas incluidas en el Registro Único de Víctimas.
Ante este hecho, Ramón Rodríguez, director general de la Unidad para las Víctimas afirmó: “El compromiso de la Unidad no ha parado y el compromiso del presidente de la república con las víctimas es total y vigente, en el sentido de dejar presupuesto para el pago de las indemnizaciones a pesar de la pandemia; ese billón de pesos para lograr las 127.000 indemnizaciones en el 2020 y también para poder cumplir con los componentes de la política pública de atención a las víctimas”.
En lo concerniente al Caquetá, se han reconocido 1.256 indemnizaciones, durante la pandemia, por un valor que supera los $9.148.395.187.
En este periodo la entidad ha entregado más de 61.831 indemnizaciones administrativas a 61.371 víctimas de todo el país por un valor que ya supera los $473.001.063.836
Por otra parte, ante la preocupación expresada por la Mesa en cuanto a la afectación de la atención por causa del COVID-19, Héctor Gabriel Camelo, de la Dirección de Gestión Social y Humanitaria de la entidad, manifestó que “se fortalecieron los canales telefónico y virtual, la autoconsulta telefónica, el buzón telefónico, los mensajes desde la página web o celular gratuito y el servicio la Unidad en Línea, donde las víctimas pueden radicar sus solicitudes”.
A través de estos canales, la Unidad ha recibido en Caquetá, desde el 17 de marzo, 86.394 solicitudes, de las 4.724.782 solicitudes recibidas en todo el país correspondientes a 1.703.753 víctimas. Adicionalmente, en el departamento se han realizado un total de 4.842 notificaciones de un total de 177.647.
Así mismo, en materia de atención humanitaria, el Covid-19 no ha impedido que en el Caquetá la Unidad haya entregado 8.422 giros por un valor de $5.180.621.000.
“Para tranquilidad de la víctima a la que le han notificado el pago de su indemnización y que este derecho no se vea afectado por la emergencia económica, se ha concertado con el Banco Agrario la ampliación del plazo de todos los procesos bancarios hasta el próximo 31 de agosto”, señaló Enrique Ardila, director de Reparación de la Unidad para las Víctimas.
En el tema étnico que preocupa a delegados de la Mesa, Luz Patricia Correal, jefe de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad, aseguró: “Vamos a atender al pueblo indígena coreguaje, al cabildo indígena jaieny diona, al resguardo paez el líbano y el resguardo nasa we”.
Y teniendo en cuenta que durante el Gran Diálogo con la Unidad las 32 mesas departamentales del país han delatado la poca participación de los sobrevivientes del conflicto, Correal expresó: “Vamos a tener cero tolerancia con los municipios étnicos y que no incluyan acciones en los planes de acción territorial; es inaudito que en nueve años de la Ley de Víctimas y ellos no se comprometan en este sentido, sabiendo su responsabilidad en el marco de esas leyes.
Como forma de fortalecer esta incidencia, la entidad incluirá por primera vez el tema de certificación étnica para los territorios, es decir, municipios y gobernaciones que no tengan participación de las comunidades étnicas en toda la política pública del municipio, ya sea a través de la mesa de víctimas, y en determinar un presupuesto para el tema de víctimas étnicas.
En ese orden de ideas, con respecto a la participación de las comunidades étnicas en la política pública del municipio, “vamos a apoyar la asistencia técnica en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Florencia, Milan, Solano, San José del Fragua y de la Gobernación del Caquetá para que incluyan el enfoque étnico”, concluyó Correal.
En ese mismo sentido, “la entidad capacitó por primera vez a los 32 coordinadores de las mesas departamentales y los dos representantes ante los Comités Técnicos de Justicia Transicional en materia de construcción de los Planes de Acción Territorial (PAT), preparación solo se hacía anteriormente con personeros, secretarios técnicos de la Defensoría, Procuraduría y de los enlaces de víctimas de las alcaldías”, comentó Aura Helena Acevedo, de la Dirección de Gestión Interinstitucional de la Unidad.
Acevedo también reveló que con el apoyo de la Unidad, el pasado 5 de junio delegados de la Mesa Departamental de Víctimas se reunieron con el Departamento Nacional de Planeación con el fin de que expusieran sus inquietudes en el tema de Sisbén 4 y, así mismo, recibieran las capacitaciones pertinentes.
Antes de la pandemia, la Unidad acompañó a la Mesa Departamental de Caquetá en la elaboración de un documento de incidencia en lo que respecta a los planes de desarrollo territorial, producto de eso se radicó el cien por ciento de oficios ante los personeros en 16 municipios de Cundinamarca, que son el resultado de los análisis de los planes de desarrollo con el objetivo de dar lineamientos que permitan la participación de las víctimas en los consejos municipales y asambleas departamentales para incidir en los planes de desarrollo.
Además, que los días 7, 8 y 9 de julio la entidad trabajará, de la mano de las propuestas de las víctimas, en los criterios de certificación territorial, “con la finalidad de construir con las mesas estos criterios que permiten el aporte al goce de derechos de la población víctima por parte de los entes territoriales”, anunció Acevedo.
La Unidad también avanzó en la reforma al Protocolo de Participación, teniendo en cuenta observaciones de las mesas de participación efectiva de las víctimas municipales y departamentales, el cual se presentó al Comité Ejecutivo, y el 12, 13 y 14 se presentará a la Mesa Nacional de Víctimas.
La jornada que se caracterizó por el diálogo cordial entre los participantes dejó algunas lecciones.
Las Víctimas
Mayerly Rivas coordinadora de la mesa departamental de víctimas de Caquetá y quien estuvo presente durante toda la jornada, puntualizó entre sus propuestas a la Unidad, incluir en las diferentes líneas de trabajo de manera más directa a las mesas de víctimas de los municipios, así como revisar en el aspecto étnico, la situación de algunos grupos indígenas del Caquetá, quienes se encuentran en alto estado de vulnerabilidad tras la pandemia.
Dijo que el espacio permitió a las víctimas tener mayor claridad frente al tema de las indemnizaciones y solicitó que las víctimas del conflicto en Caquetá, sean tenidas en cuenta en los diferentes programas sociales de la entidad. Lo anterior, dada la magnitud del conflicto que debió afrontar este departamento.
Finalmente, Rivas indicó: “agradezco a quienes nos dieron la oportunidad de participar en este Gran Diálogo Nacional en tiempo de COVID 19, para aclarar nuestras dudas, frente a las diferentes dificultades que afronta la población víctima en los diferentes territorios. Estamos seguros que este evento permitirá consolidar aún más, una mayor apropiación para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la ley 1448 del 2011 en beneficio de los sobrevivientes del conflicto. Nos vamos muy satisfechos”. “Espero que algún día podamos decir sin remos, que fuimos víctimas y ahora somos sobrevivientes de un conflicto armado que no se desea volver a vivir”.
Dirección Territorial
Por su parte la directora territorial de la Unidad para Caquetá y Huila Yhina Paola Lombana López, señaló “Finalizamos hoy el gran diálogo nacional en tiempos de COVID-19 en el Departamento del Caquetá, en compañía de la mesa departamental de participación efectiva de Víctimas, actividad de intensa interacción de los delegados de los sobrevivientes del conflicto, con los directores misionales y el Director General, en la que se resolvieron interrogantes sobre los procesos de bancarización de las indemnizaciones, atenciones humanitarias, ayuda en la inmediatez, así como de los tramitadores que se aprovechan de los sobrevivientes del conflicto armado”.
Lombana resaltó que “el director General de la entidad Ramón Rodríguez manifestara a las víctimas de Caquetá, el esfuerzo que viene adelantando la oficina asesora jurídica y la Fiscalía, para dar resultados ante las denuncias que se han interpuesto contra estas asociaciones, así como el esfuerzo presupuestal histórico que hará la entidad para reparar individualmente este año a las víctimas del conflicto armado”.
(Fin/XNL-EGG/CMC)
