Del 11 al 19 de noviembre la Unidad para las Víctimas, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal participarán en el Acto de Entrega formal de los muertos de la masacre del 2 de mayo del 2002 en Bojayá, Chocó. Los cuerpos fueron exhumados por segunda vez en mayo de 2017 para lograr su identificación.
Más de 78 personas fueron asesinadas en medio de un enfrentamiento armado entre el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia y miembros de las Farc pertenecientes a los frentes 5, 34 y 57 del Bloque Móvil José María Córdova, cuando una pipeta estalló en el centro de la iglesia católica de Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, donde se resguardaba la población civil.
Después de 17 años de la masacre, el Estado logró la identificación de los cuerpos y acordó con la comunidad llevar a cabo un acto solemne de dignificación a sus muertos según sus usos y costumbres.
Unit for Victims
En Bojayá, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas cuenta con tres Sujetos de Reparación Colectiva:
- La Comunidad Afro de Bellavista, cuyo plan se encuentra en fase de implementación.
- Los Consejos Comunitarios de Bojayá compuesto por 19 Consejos Comunitarios que se encuentra en fase de formulación.
- Las Comunidades Indígenas de Bojayá, compuesto por 32 comunidades, que se encuentran en la fase de implementación.
El 6 de diciembre de 2015, durante el acto de reconocimiento de responsabilidades por parte de las Farc a la comunidad, los líderes del Comité por los derechos de las Víctimas de Bojayá manifestaron que las exhumaciones, identificación y entrega digna eran una prioridad para la comunidad, en el marco del proceso de Reparación Colectiva que estaba iniciando por parte del Estado.
Durante el primer semestre de 2016, el equipo psicosocial para el acompañamiento durante la Búsqueda, Identificación y Entrega de Cadáveres de la Unidad para las Víctimas, apoyó las reuniones institucionales y medió estos diálogos. El Comité por las Víctimas de Bojayá le solicitó formalmente a la Unidad garantizar el acompañamiento psicosocial a las familias y a la comunidad durante dicho proceso.
En ese sentido, la Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas ha brindado el acompañamiento psicosocial en las prospecciones, exhumaciones y entrega de información por parte de Medicina Legal, de común acuerdo con los sabedores del territorio. El acompañamiento psicosocial ha estado enfocado en la preparación emocional y colectiva del proceso en general, adicional de la toma de decisiones informada por parte de los familiares.
Siguiendo con esta labor, la Unidad ha asegurado la participación de los familiares en las ocho asambleas del proceso (aproximadamente 200 familiares en cada espacio) y en las mesas de trabajo y/o mesas técnicas, al igual que la participación del Comité en espacios de gestión institucional, concertación y avance del proceso de identificación.
Acuerdos durante el entierro final:
Durante el proceso de entrega que inicia el 11 de noviembre, la Unidad garantizará la preparación a las familias, previa a las explicaciones técnico-científicas y el proceso en general, permitiéndoles a los familiares conocer y comprender el tipo de información que van a recibir, para lo cual la Unidad ha dispuesto de 12 profesionales psicosociales.
Con el fin de cumplir con las características diferenciales de esta comunidad étnica, la Unidad garantizará la participación de familiares directos de las víctimas.
Igualmente, se cubrirá la alimentación de la comunidad en general (2.000 personas) que asistirá a los actos públicos de velación y entierro final. Igualmente, la Unidad proveerá todos los materiales necesarios para los actos simbólicos previstos por la comunidad para el recibimiento de los cuerpos en Bellavista y su recorrido por el río, al igual que los actos simbólicos previstos para el viaje de los cuerpos a Pogue.
Centro Nacional de Memoria Histórica
El acompañamiento y aprendizaje del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) con la comunidad de Bojayá, lleva un largo y profundo recorrido. Este inició en los años 2009-2010, en el marco de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, cuando el Grupo de Memoria Histórica (GMH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) produjo el informe “Bojayá. La Guerra sin Límites”.
Este no solo continúa siendo un referente fundamental, ya que precisó la magnitud de los daños que el conflicto armado ha producido a las comunidades afro e indígenas de la región del Medio Atrato, sino que estableció que la comprensión de los impactos de la guerra debería atender su especial condición como sujetos colectivos.
Años más tarde, con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 4633 y 4635, el GMH pasó a ser parte del CNMH, entidad dentro de la cual se creó el equipo de Enfoque Diferencial Étnico. Desde este se gestaron diversos procesos de fortalecimiento del grupo de cantadoras del Consejo Comunitario de Pogue que derivó en la producción, publicación y divulgación de la cartilla “Pogue. Un pueblo, una familia, un río”, del cancionero “El oficio de cantar memoria” y el documental “Las Musas de Pogue”.
A su vez, tras la conmemoración del 2 de mayo de 2016, el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá solicitó al equipo de Enfoque Étnico del CNMH, acompañar el proceso a desarrollar por la Fiscalía y Medicina Legal desde una perspectiva de memoria histórica que avanzara en la implementación de los lineamientos establecidos por la propuesta “Atrato…territorio de historias que construye su memoria”.
Desde el año 2017, el CNMH, a través del equipo de Enfoque Étnico, ha venido adelantando el proceso de “Historias de Vida y Álbumes Familiares en la comunidad de Bojayá”. A través de los Encuentros familiares como dispositivo metodológico, ha ido reconstruyendo un entramado familiar que por medio de los relatos de vida de sus familiares ausentes dignifica y hace un homenaje a su memoria.
Junto al Comité por los Derechos de las Víctimas, gestores de memoria locales y el Equipo Local de Comunicaciones, se han ido consolidando 40 álbumes familiares conmemorativos, que se constituyen en un modo para tramitar el dolor de la comunidad y les serán entregados en el Acto de despedida espiritual e inhumación en noviembre próximo.
Toda vez, el acompañamiento del CNMH a la comunidad de Bojayá se ha dado bajo el principio del reconocimiento al derecho a la verdad y la memoria histórica garantizado mediante: 1. El desarrollo de procesos de fortalecimiento, construcción, adecuación, mantenimiento, preservación y transmisión de las memorias de la subregión del Medio Atrato; 2. El reconocimiento y fortalecimiento de las comunidades, autoridades y organizaciones étnico-territoriales; 3. La comprensión de atrateños y atrateñas de las relaciones entre la historia de los pueblos, la larga duración de los conflictos y las condiciones históricas que producen la marginación y los atropellos; 4. El compromiso real con la verdad, la justicia y las garantías de no repetición; 5. La reflexión permanente sobre el presente y el futuro de las comunidades y el territorio.
Fiscalía General de la Nación
En el año 2015, ante petición de las familias representadas por el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, se analizó la documentación y se estableció que el trabajo de exhumación en el año 2002 fue realizado de manera responsable. También se determinó que la gran mayoría de las víctimas se encontraban identificadas a través de cotejo de ADN, inclusive su fallecimiento fue registrado ante la Notaría Única de Bojayá por la Fiscalía de Derechos Humanos de la época.
Se planteó entonces la propuesta de que las exhumaciones se realizaran solo con fines de entrega digna y reubicación de restos óseos en el monumento (mausoleo).
Durante el mes de mayo de 2017 el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Dirección de Justicia Transicional, con el apoyo de dos equipos de criminalística del CTI, realizó las diligencias de exhumación en los municipios de Bellavista, Vigía del Fuerte y el corregimiento de Pogue, de Bojayá; al tiempo que se efectuaron prospecciones en el municipio de Riosucio (Chocó), así como la inspección en la escombrera y alrededores del colegio y la iglesia de Bellavista antiguo.
Estas diligencias efectuadas durante 28 días estuvieron acompañadas todo el tiempo por psicólogos de la Unidad de Víctimas, miembros del Centro de Memoria Histórica, representantes de la ONU Derechos Humanos. También participó el EQUITAS (asesores forenses del Comité de Víctimas de Bojayá).
Todos los cuerpos fueron enviados en helicóptero en las mismas condiciones en que se encontraron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con sede en Medellín (Antioquia). Por su parte, la Fiscalía General de la Nación le entregó al Instituto toda la información que poseía, incluso los remanentes y muestras existentes en el Laboratorio de Genética del CTI.
Al proceso se le realizó seguimiento de forma permanente por los representantes del Comité para las víctimas de Bojayá, se realizaron 7 Asambleas con la comunidad Bojayaseña y un número importante de reuniones interinstitucionales articuladas con el fin de programar la diligencia de entrega digna e inhumación de los restos óseos.
Como resultado del proceso de identificación realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se efectuará la entrega de 78 cuerpos plenamente identificados, entrega simbólica de 2 cuerpos que no fueron hallados, una fosa llamada 75 que corresponde a restos misceláneos que no pudieron ser asociados a los otros cuerpos identificados, un cuerpo no identificado de un menor de edad aproximada entre 4 y 8 años, 9 bebés que murieron en el vientre de sus madres y 8 víctimas que continúan desaparecidas.
En total se entregarán 99 cofres que se inhumarán debidamente en un mausoleo construido por el Ministerio de Interior y de Justicia en la comunidad de Bojayá.
Finalmente, en el marco de estos hechos, la Fiscalía General de la Nación continua en el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas y garantizar los derechos de las víctimas.
