Durante el primer año del Gobierno del presidente Iván Duque, la implementación del Acuerdo Final de Paz produjo importantes resultados que fueron expuestos en la charla sobre los principales logros y avances de la Paz con Legalidad, realizada en la Nueva Cinemateca de Bogotá, ubicada en el centro de la ciudad.
Fortalecimiento de la Reparación Colectiva
En desarrollo del punto 5 del Acuerdo, dedicado a las víctimas del conflicto armado, en el último año fueron expedidas dos resoluciones por parte de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas que permitieron acelerar la ejecución de la reparación colectiva tanto de sujetos no étnicos como de étnicos (03143 de 2018 y 1383 de 2019).
Con base en esas resoluciones se diseñaron planes integrales concertados entre el Gobierno y los sujetos de reparación colectiva (comunidades, asociaciones, organizaciones, grupos), viables y realizables en los plazos acordados y que reparen efectivamente los daños colectivos ocasionados por el conflicto, lo que simultáneamente fortaleció la participación de las víctimas y la confianza en el Estado y aceleró la implementación de los planes.
Entre el 8 de agosto de 2018 y el 30 de junio de 2019, se cumplió la totalidad de las medidas contempladas en tres sujetos colectivos que son: la comunidad de la cabecera municipal de Mistrató, la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas (AMUCI) de El Zulia, y El Tigre. Estos tres planes colectivos, implementados en su totalidad durante el último año, se suman a los tres que se habían logrado durante los siete años anteriores.
En los últimos doce meses se implementaron 593 acciones de los planes integrales de reparación colectiva en todo el país, lo que representa un aumento cercano al 30% con respecto al año anterior, y con 65 sujetos colectivos se logró un avance del 50% de las medidas de su plan, mientas que un año antes ese porcentaje solo se había logrado con 28 sujetos.
Desde el 8 de agosto de 2018 se ha indemnizado a 14 sujetos colectivos étnicos (los únicos que pueden recibirla), con una inversión total cercana a los $3.600 millones.
Fueron fortalecidas siete organizaciones y grupos para implementar las medidas de su Plan Integral de Reparación colectiva (PIRC), por un valor de $2.645 millones.
En total, de los 729 sujetos de reparación colectiva reconocidos, 130 están en proceso de reparación, de los cuales 97 son étnicos.
Articulación con PDET y retornos
La Unidad para las Víctimas en conjunto con la Agencia de Renovación del Territorio y en coordinación con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, ha avanzado en la identificación de los procesos de reparación colectiva y de retornos y reubicaciones en los municipios que hacen parte de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Así, se identificó que en 118 de los 170 municipios PDET hay 383 de los 729 sujetos de reparación colectiva del país y 88 planes de retorno y reubicación.
Cerca de 2.5 millones de víctimas están ubicadas en los municipios PDET, lo que constituye el 31% de su población.
Con ellos se ha logrado lo siguiente: 226 acciones reparadoras en 58 de estos sujetos colectivos; entrega de indemnización a 10 sujetos étnicos con una inversión de $2.507 millones; entrega de bienes colectivos para proyectos productivos y de infraestructura social y comunitaria a 40 de estos sujetos; implementación de más del 50 % en 22 sujetos.
Además, 14 comunidades se beneficiaron de esquemas especiales de acompañamiento durante sus procesos de retorno y reubicación, con una inversión de 509 en 10 municipios PDET; y 429 hogares de 43 municipios PDET recibieron apoyo para el transporte y traslado de enseres en su retorno o reubicación, por un valor de 506 millones.
Por otra parte, el Gobierno, a través de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, orientó recursos del Fondo Colombia en Paz para priorizar 30 medidas a ser ejecutadas con el apoyo de la Organización Mundial de Migraciones (OIM) y el Fondo Multidonante, inicialmente. Así, acelera los programas de reparación de los daños colectivos causados por el conflicto y avanza en la estabilización de territorios afectados por la pobreza y la violencia.
Mayor cobertura atención psicosocial
En cuanto a la necesidad que planteó el Acuerdo de ampliar la cobertura pública y el despliegue territorial y mejorar la calidad de la atención psicosocial de las víctimas, el Gobierno nacional, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de la Protección Social están trabajando en el diseño y puesta en marcha del “Plan Nacional de rehabilitación psicosocial para la convivencia y la no repetición”.
Dando cumplimiento al Plan Marco de Implementación se amplió la cobertura psicosocial con el aumento de profesionales para estos temas en 28 de los 32 Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) y con la estrategia de Recuperación Emocional Grupal, por medio de la cual se han atendido 51.570 víctimas en el actual periodo presidencial.
En el mes de junio de este año, además se cerró la estrategia de Convivencia y Paz, implementada desde agosto de 2017 en 71 municipios de 17 departamentos, que incluía medidas de recuperación emocional, de satisfacción y de indemnización. Con ella se beneficiaron 29.772 personas con medidas de rehabilitación y satisfacción y 42.251 con indemnización enfocada al fortalecimiento de los proyectos de vida.
Entre otras acciones que se han desarrollado durante el actual periodo presidencial está el fortalecimiento de la articulación entre las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y reparación Integral a las Víctimas (Snariv), que ha incluido acciones con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.
Se destaca la articulación con la JEP en los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) para la acreditación de las víctimas en el marco de edictos proferidos por la JEP.
Reparación Individual
Desde el 8 de agosto de 2018 se han realizado 53.581 reparaciones individuales, por $399 mil millones y 75.578 víctimas fueron beneficiarias del programa de acompañamiento en la inversión de sus recursos.
Por otra parte, 51.570 accedieron a rehabilitación psicosocial en la cual se invirtieron $7.675 millones y 53.109 víctimas accedieron a medidas de satisfacción.
Con respecto a las víctimas en el exterior se han realizado 372 indemnizaciones por más de $3.000 millones en total y 316 víctimas en proceso de retorno desde el exterior fueron acompañadas.
Mayor Participación de las Víctimas
La Unidad apoyó la realización de 32 eventos, 27 regionales, uno internacional, uno nacional, y otros, en los que participaron víctimas, organizaciones especializadas, expertos académicos, organizaciones de mujeres, órganos de control y entidades gubernamentales.
De esos encuentros surgieron propuestas para fortalecer los procesos de reparación, retornos y reubicación y rehabilitación social.
Otras acciones
Entre el ocho de agosto de 2018 y la misma fecha de este año se pusieron en funcionamiento tres Centros regionales en Pereira, Barranquilla y Riohacha, en asocio con entidades territoriales.
Fue apoyada la ejecución de 90 proyectos de infraestructura social y comunitaria en 76 municipios, con una inversión cercana a $15.000 millones, y el desarrollo de 39 proyectos agropecuarios, con la entrega de insumos, para disminuir la vulnerabilidad de las comunidades, con una inversión de $1.862 millones.
En beneficio de las comunidades negras y afrocolombianas asentadas en municipios de la costa nariñense, fueron adquiridos 2.475 kits escolares por $500 millones, como medida de prevención para niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, se han diseñado y ejecutado estrategias para dar viabilidad y sostenibilidad a la política de víctimas, como: ajustes presupuestales para destinar más recursos a la reparación y ahorrar en componentes de asistencia, como la entrega de ayudas humanitarias a quienes ya no la necesitan; búsqueda de mayor equidad en el monto de la indemnización y gestión para conseguir nuevas fuentes de recursos para la reparación individual y colectiva, a través de la cooperación internacional.
El Gobierno nacional se comprometió a través del Plan de Desarrollo 2018-2022 a realizar un balance de la implementación de la Ley de Víctimas y a construir una propuesta de renovación y adecuación de la misma, para presentar una propuesta ante el Congreso de la República relacionada con la implementación responsable de la política y su eventual prórroga, puesto que su vigencia actual termina en el año 2021.
