Diversas entidades del Estado se comprometieron a concertar con más víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, las estrategias y programas necesarios para atender y asistir de manera adecuada a estas personas y en especial a los niños y las niñas nacidos como consecuencia de dicho delito.
Entidades como la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General, el Instituto de Medicina Legal y la Jurisdicción Especial para la Paz, participaron en una mesa de trabajo realizada con apoyo de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas en el Congreso de la República, en la que también varias víctimas expresaron sus inquietudes y sugerencias.
La subdirectora de la Unidad, Lorena Mesa, afirmó que la entidad trabaja para superar el subregistro de niños niñas y adolescentes nacidos de una violación sexual en el marco del conflicto.
“La Unidad para las Víctimas tiene incluidos 943 hijos e hijas nacidos a raíz del delito de violencia sexual. Para estas personas la Unidad ha activado toda la ruta de asistencia y reparación, de tal forma que ha brindado ayuda humanitaria hasta por dos salarios mínimos y ha brindado las medidas de reparación en lo que tiene que ver con la atención psicosocial, en un programa especializado para estas víctimas para que puedan reconstruir su tejido social y superar este hecho victimizante”.
Las mujeres víctimas presentes se refirieron a la necesidad de fortalecer una atención integral específica para estos casos y aunque hicieron énfasis en la atención psicosocial y en acciones preventivas para evitar la explotación sexual de estos menores de edad y el consumo de sustancias sicoactivas, recalcaron que es necesario que se consideren otros aspectos como la educación y la salud en general.
Yolanda Perea, delegada de la Mesa Nacional de Víctimas, insistió en que “no se le puede dejar toda la carga a la Unidad para las Víctimas, sino a todas las entidades del Snariv, para garantizar todos los derechos, no se trata solo de una indemnización, sino de la reparación integral”.
Perea insistió en que es necesario que las entidades cuenten con las víctimas ya visibilizadas de violencia sexual en los territorios para poder obtener información de todas las víctimas de violencia sexual que “nos tienen más confianza”, para así poder superar el subregistro.
Todas las entidades reconocieron que tienen un subregistro de víctimas de este delito y aún más, de los menores nacidos de la violencia sexual, pero se comprometieron a seguir trabajando en estas mesas para encontrar o fortalecer mecanismo, programas y estrategias para superar dicha falencia.
Lorena Mesa destacó la dificultad o rechazo que se encuentra para declarar que un hijo es resultado de una violación, y se refirió a varias acciones desarrolladas por la entidad.
“La Unidad ha desarrollado diferentes estrategias de fortalecimiento con el Ministerio Público para el momento de recibir la información; fortalecimiento de canales para que las madres puedan incluir a estos hijos en sus declaraciones; fortalecimiento de equipos de profesionales de la Unidad”, explicó.
Esta Mesa de Trabajo se realizó como desarrollo al compromiso adquirido en una audiencia pública en el Congreso de la República el pasado 22 de mayo y la propuesta entre Estado y víctimas es fijar por ahora unas metas que sean alcanzables este año.
(Fin/DRR/LMY)
