El Día Internacional de los Pueblos indígenas es una conmemoración establecida por las Naciones Unidas para reconocer y dar visibilidad a las barreras históricas a las que se han enfrentado estas personas en el acceso de diferentes derechos, la protección de sus medios de vida, ambiente y la preservación de sus costumbres y saberes ancestrales. Esta fecha también busca exaltar y valorar sus contribuciones a la diversidad cultural, social y honrar su lucha por la pervivencia y la memoria.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para 2018 en Colombia habitaban 1.905.617 personas que pertenecen a 115 pueblos indígenas. Esto representa el 4,4% del total de la población del país.
Siguiendo con las lógicas de La Conquista, en el conflicto armado se han ejercido múltiples violencias contra los pueblos indígenas. Los actores armados han afectado a las comunidades y sus territorios, reproduciendo prácticas racistas para el control territorial, despojo de tierras y sometimiento a la guerra.
Sin embargo, en medio de las hostilidades, las y los indígenas han resistido y defendido sus territorios a través de prácticas culturales y espirituales, y con procesos de organización comunitaria que han sido esenciales para el reconocimiento de sus derechos étnicos y la autodeterminación de sus pueblos.
Hoy resaltamos la necesidad de continuar con los esfuerzos sociales e institucionales por reconocer el impacto diferenciado del conflicto armado sobre los pueblos indígenas y sus territorios, y entender la reparación como un proceso de armonía y equilibrio, evidenciando la relación de lo individual y colectivo.
Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de estas comunidades, destacando la dignificación de su papel trascendental en la construcción de paz e identidad en Colombia.
Visibilizando el impacto
Caracterización de las víctimas con pertenencia étnica indígena
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Edad actual
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
Esta alta proporción sugiere un impacto diferenciado para las nuevas generaciones, lo cual puede tener profundas implicaciones para el futuro de estas comunidades.
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Discapacidad
(3,83%) de las víctimas presentan algún tipo de discapacidad.
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Víctimas indígenas por año de ocurrencia
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A partir de 2018 se evidencia un incremento sostenido en el número de víctimas indígenas afectadas por el conflicto, siendo el 2022 (53.926) y el 2023 (51.654) los años con cifras más altas. La reconfiguración del conflicto y el surgimiento de estructuras armadas, así como la disputa por las zonas estratégicas, son factores que han impactado a los territorios y comunidades.
¿Dónde han sido afectadas?
Cuatro de cada diez víctimas que se reconocen como indígenas fueron victimizadas en tres departamentos de la región Pacífica: Cauca, (104.027), Chocó (86.107) y Nariño (74.992).
Territorios donde más víctimas indígenas fueron afectadas
Las violencias ejercidas para obtener recursos para la guerra han generado graves daños ambientales: tierras erosionadas, fuentes de agua contaminadas, flora y fauna en riesgo de extinción y reservas naturales colonizadas, entre otros.
Fuente. RUV, corte 01/06/2024
Municipios
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Departamentos
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¿Dónde habitan?
De acuerdo con la última ubicación identificada por la Unidad, las víctimas indígenas habitan principalmente en Cauca (12,39%), Nariño (10,13%), Chocó (9,23%), Sucre (7,03%) y Córdoba (6,81%).
Territorios donde habitan más víctimas indígenas
Fuente. RUV, corte 01/06/2024
Departamentos
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Municipios
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Hechos victimizantes
Individuales y masivos
En el desarrollo del conflicto armado, las víctimas con pertenencia étnica indígena han sido afectadas por diferentes hechos, siendo el desplazamiento forzado (582.983), confinamiento (72.430) y amenazas (59.764) los que registran las cifras más altas.
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Fuente. RUV, corte 01/06/2024
*Estas cifras no se pueden sumar, dado que una persona pudo haber sufrido uno o más hechos victimizantes en diferentes circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Para el 31 de mayo de 2024, el RUV registra 656 eventos masivos, es decir, que afectaron a 50 personas indígenas o más o 10 hogares o más.
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Fuente. RUV, corte 01/06/2024
*Estas cifras no se pueden sumar, dado que una persona pudo haber sufrido uno o más hechos victimizantes en diferentes circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Según la Defensoría del Pueblo, el desplazamiento forzado y el confinamiento son los hechos que más vulneran los derechos de las comunidades indígenas. Los territorios donde se han sufrido las afectaciones concentran una alta presencia de actores armados que disputan el control territorial y de la población para realizar actividades ilegales.
Los confinamientos generan diferentes restricciones a la movilidad de las poblaciones, como la imposición de horarios o toques de queda a los habitantes de un territorio, quienes son amenazados y forzados a estar bajo sus normas. La Corte Constitucional afirma en el Auto 093 de 2008, que este fenómeno vulnera los derechos a la vida en condiciones dignas, la integridad personal, la libertad, la alimentación, la salud y el trabajo, limitando el acceso a los medios de subsistencia y servicios esenciales.
La Unidad para las Víctimas ha identificado que el confinamiento se relaciona con la ocurrencia de desplazamientos forzados, ya que las restricciones a la movilidad y las afectaciones a los derechos fundamentales obligan a las comunidades a abandonar sus hogares y territorios.
El territorio como víctima
Los territorios de los pueblos étnicos, y los pueblos indígenas en particular, tienen un valor estratégico para el país, al ser espacios con recursos naturales. Esto explica, en gran medida, por qué han sido escenarios de disputa en diversos momentos de la historia y en el marco del conflicto interno de los últimos 70 años.
Afectaciones e impactos
En el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional identificó que 36 pueblos indígenas se pueden considerar en alto riesgo de exterminio cultural o físico por causa del conflicto armado
El conflicto armado afecta a las comunidades indígenas en su vida en comunidad y a nivel personal. El Instituto Nacional de Salud identifica que se destruyen sus espacios y formas de encuentro, entre otras actividades de producción e intercambio de la vida cotidiana colectiva.
Esto pone en riesgo a las comunidades, ya que se deterioran los sistemas productivos, las habilidades, usos y costumbres ancestrales, que garantizan la subsistencia cotidiana, la transmisión de saberes y la pervivencia cultural.
Aunque son diversos los pueblos y comunidades que se han visto afectadas, los daños a los pueblos Nukak y Emberá representan dos de muchos casos que evidencian los profundos impactos del conflicto armado en Colombia. Desde la violencia directa hasta la pérdida de territorios y recursos naturales, estas comunidades han enfrentado múltiples violaciones a sus derechos fundamentales y territoriales. Son testimonios de los daños y riesgos generados por la violencia, el desplazamiento y la colonización a los pueblos indígenas.
Pueblo Nukak
El pueblo Nukak es de tradición nómada y su cosmogonía y pensamiento se basan en la herencia oral. Es una comunidad contactada recientemente, se distribuyen en pequeños grupos sin mucha jerarquización, y cada uno cuenta con líderes comunitarios: los we’baka, encargados de diversas funciones físicas y espirituales.
Se movilizan de manera organizada y periódicamente retornan a los sitios donde tuvieron sus moradas. Esto se relaciona con la forma de concebir el yee’baka, su territorio ancestral, que no se define o limita por las divisiones políticas o administrativas de los departamentos y municipios de Colombia. En su cosmovisión, el territorio es análogo al cuerpo humano y está delimitado, principalmente, por los ríos Guaviare (Wayari Müjbe) e Inírida (Mipa Müjbe), lo cual define su ocupación de acuerdo con sus usos y dinámicas para propósitos sociales, alimentarios, espirituales y de protección.
Mapa 3. Asentamientos Nukak
Las y los Nukak han padecido diferentes violencias desde su encuentro con la sociedad occidental. Su victimización puede ser comprendida en tres procesos claves: la colonización campesina, la existencia y prevalencia de cultivos de uso ilícitos, así como de otras economías extractivistas, y la presencia, consolidación y transformación de los diferentes grupos armados legales e ilegales, que les han puesto al borde de su extinción física y cultural.
De acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras, desde finales del siglo XIX se han identificado diferentes momentos de la colonización en el Guaviare, las cuales han impactado de muchas formas a los Nukak:
La matanza de charras:
por conflictos por el uso del suelo con un colono cauchero murieron dos personas del pueblo Nukak y otras siete resultaron heridas. Esto ocasionó que el grupo volviera al aislamiento hasta los años 80.
El contacto prolongado con los kawene (no indígenas o colonos):
en este proceso murió gran parte de sus mayores, por la transmisión de enfermedades en el contacto inicial con población mestiza, que en muchos casos fue la guerrilla. El 40% de la población murió por enfermedades para las que no tenían inmunidad.
Expansión de la frontera agrícola y llegada de los colonos campesinos:
los procesos de ocupación del territorio Orinoco-amazónico, principalmente en la zona oriental del resguardo indígena Nukak. En 1997 fue creada la Zona de Reserva Campesina del Guaviare. Esto generó conflictos entre ambas comunidades y afectaciones para los Nukak.
En cuanto a las economías ilegales, la proliferación de los cultivos de coca aceleró los procesos de poblamiento y colonización, siendo el corredor del río Vaupés hasta Miraflores y San José del Guaviare, el Retorno y Calamar los ejes de expansión de este proceso.
Entre 1980 e inicios de 1990, la bonanza cocalera produjo desplazamientos y despojo de tierras sin precedentes. La relación de estos fenómenos impactó drásticamente en las construcciones identitarias y culturales de los Nukak, quienes tuvieron que someterse a las dinámicas de socialización y subsistencia que van en detrimento de su cultura e identidad. Esto se puede observar en los siguientes casos:
Niñas, niños y adolescentes son usados como jornaleros raspando hoja de coca,
sometidos a la modalidad de endeudamiento. En este contexto, los jóvenes son inducidos al consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, al punto que, en vez de recibir remuneración monetaria, reciben pasta de coca como pago.
Explotación sexual y delitos sexuales.
Las mujeres y niñas se ven forzadas a la prostitución o a sostener relaciones sexoafectivas con hombres mestizos o grupos armados como estrategia de supervivencia. En algunos casos, las mujeres Nukak son inducidas al consumo de alcohol y otras sustancias. Asimismo, son víctimas de violencia sexual por parte de estos actores.
Reclutamiento de integrantes de la comunidad y la vinculación de niños, niñas y adolescentes
a actividades relacionados con grupos armados ilegales: estas personas han sido instrumentalizadas como guías de la selva, y con el tiempo han sido vinculados. Muchos de ellos se encuentran desaparecidos, están presos o fueron asesinados en combate.
La Comisión de la Verdad identificó una alta concentración de la violencia armada en los corredores de los ríos Vaupés, Guaviare y la Región de la Orinoquía, los cuales fueron claves para la expansión y consolidación del poder militar del Bloque Oriental de las Farc-EP en los 80.
Aunque no fue el único actor armado, esta guerrilla generó el mayor impacto sobre el territorio del pueblo Nukak. Un antecedente de ello fue la consolidación de la denominada “región Armando Ríos”, una ampliación de facto de la Zona de distención del Caguán, que actuó sobre Calamar, Miraflores y el Retorno – Guaviare.
En el contexto de las negociaciones de paz, la mayoría de los grupos armados se desmovilizó. Sin embargo, años después se constituyeron nuevos grupos o disidencias con el objetivo de mantener y recuperar el control de las rentas derivadas de coca y otras economías ilegales. Para 2022 y 2023 el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría identificó la presencia de Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) en San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores.
Estos factores y el perecimiento masivo han conllevado al riesgo de su extinción física y cultural, ya que niñas, niños, jóvenes y personas mayores, llamados a recibir y transmitir los saberes, son los más vulnerables. Además, el desplazamiento forzado ha dejado sus actividades tradicionales de caza y pesca por desnutrición y dependencia de la comunidad campesina y pérdida de la cosmovisión propia.
Pueblo Emberá
La Nación Emberá se encuentra ubicada en Colombia, Ecuador y Panamá. Pertenece al grupo de los “chocoes”, que para el caso colombiano se asientan a lo largo del litoral pacífico. Su forma de habitar en comunidad se basa en un modelo de asentamiento disperso, debido a las condiciones de la geografía de sus territorios ancestrales. Así, las y los Emberá se distribuyen en los departamentos de Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Cauca, Córdoba, Putumayo, Caquetá y Nariño.
El Ministerio de las Culturas indica que este modelo ha influido en su estrecha relación con los ríos y las montañas, constituyendo un componente importante dentro de su cosmogonía y relación con el territorio, característica que permite diferenciar y reconocer los diferentes pueblos que la conforman.
La Nación Emberá tiene cuatro dialectos: Emberá Dóbida, Emberá Chamí, Emberá Katío y Sía Pedeé; estos se dividen en tres grupos de acuerdo con los territorios que ocupan. Los dóbidas habitan los ríos y quebradas; los pusábidas tienen relación con el mar, en particular con el océano Pacífico; los oíbidas se ubican en zonas que conservan aún selvas andinas, y los eyábidas en áreas campesinas deforestadas.
Dentro del grupo Eyábida se encuentran los Emberá Chamí y Katío. Sin embargo, entre ellos hay diferencias en los procesos productivos, el vestuario, el dialecto y modos de vida. A pesar de ello, comparten la agricultura de selva, la pesca, la recolección y la caza.
La población Emberá está representada en 202 resguardos indígenas ubicados principalmente en los departamentos de Chocó (50,99%), Antioquia (22,28%) y Valle del Cauca (9,41%).
Mapa 4. Ubicación de los resguardos de la Nación Emberá en Colombia
La Nación Emberá ha sido víctima de múltiples ciclos de violencia y despojo a manos de todos los actores armados implicados en el conflicto armado, principalmente por desplazamiento forzado, como lo muestra el informe sobre la Crisis Humanitaria del pueblo Emberá, de la consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y la ONIC.
Según el Plan de Salvaguarda Emberá, entre 1985 y 2012, 36.199 personas fueron expulsadas de su territorio, cifra que equivale al 20% del total de su población. A continuación, se describen las principales formas de desplazamiento y confinamiento:
Desplazamiento intraterritorial (Intraresguardo)
las comunidades Emberá expulsadas de sus territorios suelen desplazarse hacia otras comunidades dentro de su mismo resguardo o hacia otros resguardos Emberá. A menudo, también se desplazan hacia territorios de otras comunidades indígenas, negras, o campesinas. Aunque esta es una modalidad común de desplazamiento, muchas veces no se declara oficialmente, lo que impide que las víctimas reciban asistencia humanitaria.
Desplazamiento intraurbano:
en las ciudades, las familias Emberá enfrentan discriminación y amenazas de actores armados, lo que provoca nuevos desplazamientos dentro de un mismo entorno urbano, de un barrio a otro.
Desplazamiento hacia ciudades intermedias y grandes:
debido a amenazas y la falta de atención en las cabeceras municipales o ciudades intermedias, algunas comunidades Emberá se desplazan hacia grandes ciudades, como Bogotá. Esto también se debe a la percepción de que, en la capital, donde se encuentran las instituciones nacionales, podría haber mejores condiciones de vida y defender sus derechos. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido lenta, y en ocasiones ineficaz.
Confinamiento en territorios:
la presencia de grupos armados o amenazas les impiden movilizarse y acceder a mínimos vitales, lo cual no solo vulnera sus derechos humanos, sino que también pone en riesgo la continuidad de su cultura y gobierno propio.
La Región Chamí es el principal lugar de donde se desplazan los Emberá Katío y Chamí. Esta abarca territorios de los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Este fenómeno ocurre tanto intraterritorialmente y hacia otras regiones y ciudades de Colombia.
Según el Plan de Salvaguarda Emberá, al menos 11.040 personas han sido desplazadas de esta región debido al conflicto armado y otros factores relacionados. Estas personas ahora están dispersas en ciudades y asentamientos en todo el país. No se dispone de datos exactos sobre el número de desplazamientos intraterritoriales dentro de la Región Chamí ni sobre la ubicación específica de los desplazados en las cabeceras municipales.
Las mujeres y niñas Emberá tienden a ser las más vulnerables debido a las múltiples formas de discriminación que enfrentan, tanto en sus comunidades como fuera de ellas. Según la ONIC, se estima que las mujeres constituyen la mayoría dentro de los 113.779 Emberá Chamí y Katío.
Impactos diferenciales
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
La violencia y la inseguridad derivadas del conflicto no solo amenazan el bienestar inmediato de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sino que también pone en riesgo su futuro y la posibilidad de crecer en entornos seguros y protectores, impactando de manera directa la pervivencia cultural, identidad y memoria de sus comunidades, al impedir el relevo generacional.
El Centro Nacional de Memoria Histórica señala que la vinculación a actividades de grupos armados ha sido el hecho que mayor impacto ha tenido sobre las niñas, niños y adolescentes indígenas. Según el Programa de Atención Especializada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entre 2013 y 2022, del total de población de desvinculados atendidos, el 23% eran indígenas, principalmente de los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó.
La Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas indicó que, para el 2023, en Colombia, el 47% de las víctimas de vinculación eran niñas y niños con pertenencia étnica indígena y afrocolombiana.
Los grupos armados tiene frecuentemente como objetivo a los niños, niñas y adolescentes indígenas, en particular, porque conocen el terreno en el que operan. (MIRE-acaps)
Mujeres indígenas
El racismo estructural y las violencias heredadas del colonialismo han generado persistentes agresiones contra las mujeres indígenas, un fenómeno que se intensificó en el conflicto armado.
La Comisión de la Verdad en su informe ‘Resistir no es Aguantar’, determinó que la violencia contra las mujeres indígenas durante el conflicto armado, especialmente la sexual, fue utilizada como táctica de guerra, trasgrediendo sus cuerpos, al someterlas a prácticas degradantes y, al mismo tiempo, impactó en sus redes comunitarias y familias, fragmentó la relación con el territorio y modificó sus usos y costumbres.
Por su parte, la ONIC indica que ser mujer en las comunidades indígenas significa ser parte del equilibrio y la armonía con el espacio, debido a su rol fundamental en la transmisión y conservación de las tradiciones espirituales y del lenguaje, la enseñanza de la historia de sus comunidades, de su cosmogonía, así como en la defensa del territorio, la comunidad, las costumbres y el medio ambiente.
Según el RUV 2.476 mujeres indígenas han sido víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual, lo cual representa el 23,38% del total histórico de víctimas de este flagelo con autorreconocimiento étnico.
De acuerdo con el Observatorio de Violencias Basadas en Género del Programa Mujer del CRIC, la mayoría de mujeres indígenas no denuncian los actos de agresión o en caso de hacerlo, acuden a sus propias autoridades, debido a la vergüenza, el aislamiento y la estigmatización social o el miedo frente a las amenazas de sus agresores.
Además, a menudo las instituciones no están capacitadas para comprender y atender las particularidades culturales de las mujeres indígenas, lo cual se refleja en la ausencia de intérpretes y mediadores culturales.
La resistencia por la pervivencia y supervivencia
Procesos organizativos de los pueblos indígenas
Las comunidades indígenas y sus organizaciones son un ejemplo de resistencia, la coexistencia con el territorio y la convivencia. Sus organizaciones del ámbito nacional recuerdan estos procesos en defensa de la vida, del territorio, la Ley de Origen, el Derecho Mayor, el Derecho Natural y su compromiso con la no repetición del conflicto y la construcción de paz.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
Surge en 1982 bajo una consignación fundamental: la autodeterminación, comprendida como el poder de las naciones indígenas para elegir sus propios planes de vida.
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)
Fue creada en 1971 por las autoridades indígenas del Cauca con el objetivo de revindicar y defender los derechos ancestrales, comunitarios e individuales.
La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC)
fue constituida en 1995 para representar todos los pueblos indígenas amazónicos entorno a la unidad y la colaboración mutua para promover su revalorización y reivindicación cultural, así como proteger su conocimiento ancestral.
La Confederación Indígena Tayrona (CIT)
congrega y representa al pueblo Arhuaco. Creada en el 1983 con el propósito de defender y proteger el territorio, además de cohesionar los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, Koguis, Wiwas y Arhuaco.
Las Autoridades Indígenas de Colombia y Gobierno Mayor (AICO)
son un movimiento nacional que integra y representa a diferentes comunidades, instituciones y procesos organizativos de los pueblos indígenas del país, fortaleciendo el gobierno propio y el sistema normativos ancestral.
La Guardia Indígena es otra representación de la defensa pacífica del plan de vida de las comunidades indígenas, protectora del territorio y el pensamiento.
La Guardia Indígena colombiana es una forma de organización ancestral de los pueblos indígenas de protección colectiva no violenta. Su objetivo es la defensa de los derechos humanos, el territorio, la autonomía y la cultura propia frente a los fuertes impactos del conflicto armado en su territorio y ante otras violencias. (Comisión de la Verdad)
Hacia la reparación
Avances de la entidad
Sujetos de reparación colectiva (SRC)
Actualmente en Colombia están reconocidos 445 sujetos de reparación colectiva de los pueblos indígenas. Los daños colectivos de mayor impacto y frecuencia son las vulneraciones a los derechos a la autonomía, al territorio y a la integridad cultural.
Lo anterior ha ocurrido bajo patrones de violencia como amenazas por parte de los actores armados, desplazamientos forzados masivos e individuales, presencia de actores armados en el territorio, siembra de cultivos de uso ilícito e instalación de campamentos y artefactos explosivos improvisados, vinculación de niñas, niños y adolescentes, estigmatización, confinamiento, homicidio, secuestro, desaparición forzada y tortura.
Fuente. RUV, corte 01/06/2024
Ubicación de los Sujetos de Reparación Colectiva (SRC).
Entre 2018 y 2023 se han incluido en los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) acciones de la medida de rehabilitaciones dirigidas a reparar el daño a los liderazgos sociales, culturales y políticos de las mujeres. Estas tienen el propósito de recuperar y fortalecer las redes de empoderamiento de las mujeres de las comunidades étnicas.
Por otra parte, durante los años 2022 y 2023, con corte a 31 de mayo de 2024, el Grupo de Enfoque Psicosocial de la Unidad ha acompañado 175 SRC indígenas, con los cuales se ha realizado acompañamiento psicosocial en 192 acciones de la ruta de reparación colectiva y se han implementado 173 acciones de la medida de rehabilitación.
