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El Comité para la Atención y Reparación a las Víctimas aprobó los criterios que autorizan incluir a los sujetos colectivos en el Registro Único de Víctimas (RUV)

La declaración para la inclusión en el RUV puede ser presentada por quien se considere víctima de acuerdo con los términos expresados por la Ley de Víctimas 1448, en el caso de comunidades no étnicas, organizaciones y grupos; por las autoridades legítimas de las Kumpanyas y comunidades afrocolombianas, o por cualquier miembro de su comunidad si se prueba el impedimento sufrido por sus representantes para pedir la solicitud.   En el caso de los pueblos y comunidades indígenas esta diligencia la pueden realizar las autoridades tradicionales,asociaciones de cabildos, gobernadores de cabildo, autoridades indígenas, organizaciones indígenas, el Ministerio Público de oficio o algún miembro de la comunidad.    Sin embargo, para acceder a la reparación colectiva, la disposición exige que las víctimas sean reconocidas como sujetos colectivos que no solo hayan sufrido por la violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, sino que la colectividad ya estuviera conformada al momento del delito.   Además, permite identificar a las organizaciones, comunidades y grupos que se hallan en condiciones extraordinarias de riesgo o sujetas a programas o medidas de protección judicial o administrativa, en el país o en el exterior.

El documento aclara que para que un sujeto colectivo inicie su proceso de reparación colectiva es necesario que haya sido incluido en el RUV, pero que su registro no implica el inicio inmediato del Programa de Reparación Colectiva.    Finalmente, los criterios de valoración no permiten incluir en el RUV a "organizaciones criminales, organizaciones con ánimo de lucro, colectivos que hayan sufrido afectaciones por hechos diferentes a aquellos directamente relacionados con el conflicto armado interno”.