Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Para enfrentar los riesgos asociados a la vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado se deben fortalecer las capacidades de sus redes protectoras, entornos y las propias de los niños, niñas y adolescentes.

“Una de las actividades clave para la prevención del reclutamiento ilícito y utilización de niños, niñas y adolescente durante el conflicto es fomentar la apropiación de los derechos de NNA, e involucrar a sus familias, comunidades e instituciones de sus contextos. En ese sentido, hay que garantizar, entre otros, que NNA tengan los espacios para analizar su realidad e incidir en sus familias, entorno escolar, comunidad y espacios públicos”.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su investigación publicada en 2014 sobre el Impacto del conflicto armado en el estado psicosocial de los niños, niñas y adolescentes, analiza dentro un grupo de niños, niñas y adolescentes desvinculados que reciben atención a través de su Programa Especializado, que la mayoría de ellos tiene entre 15 y 17 años de edad. Más del 70% ni siquiera ha alcanzado a cursar el primer año de bachillerato y casi un 20% de las niñas tenían hijos o estaban embarazadas al momento de la desvinculación.

A nivel psicológico, las y los adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales pueden presentar en mayor medida, que otros niños, niñas y adolescentes víctimas, trastornos de ansiedad, depresión, retraimiento, aislamiento, tristeza, temor y quejas en su cuerpo (mayor existencia de cicatrices).

A nivel social, los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a estigma y discriminación por haber pertenecido a un grupo armado ilegal y se enfrentan a escasas oportunidades educativas y laborales.

Es importante que todos los colombianos refuercen y apliquen el principio que reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos titulares de derechos, los cuales deben garantizarse y cumplirse. Para ello, los niños, niñas y adolescentes deben recibir una protección integral por parte del Estado, la familia y la sociedad, la cual evite cualquier forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos (incluida la vinculación a grupos armados).

Por tanto se deben promover espacios para escuchar a los niños, niñas y adolescentes y la participación de los mismos en las decisiones que los afectan; desarrollar programas de formación en derechos humanos y prevención de violencias y desarrollo de pedagogías de promoción de la convivencia pacífica y culturas de paz.

Los adultos deben hacer sentir valorados y apreciados a los niños, niñas y adolescentes con actitudes y expresiones de amor y cuidado.