Para abordar la gran variedad de delitos, se decidió que la reparación podría incluir cinco medidas, aplicables según el tipo de daño y en sus dimensiones individual y colectiva: la rehabilitación, que procura el restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas; las medidas de satisfacción, que buscan restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido; la restitución de tierras, predios o bienes, para quienes fueron despojados o se vieron obligados a abandonarlos; la indemnización por vía administrativa, que consiste en una compensación económica, y las garantías de no repetición, con el fin de que los hechos no vuelvan a ocurrir.
Con el fin de generar bienestar en las comunidades y en el entendido que los daños van más allá de lo material, se han realizado medidas de satisfacción como la entrega de cartas de dignificación y conmemoraciones como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas (9 abril) o el de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (25 mayo), este último implementado como una medida de satisfacción solicitada por la periodista Jineth Bedoya.
Se ha acompañado también la entrega de restos a 1.743 familias con seres queridos que habían sufrido desaparición u homicidio, los actos de reconocimiento de responsabilidad y solicitudes de perdón público, alrededor de un centenar de iniciativas locales de memoria y medidas de satisfacción en procesos de reparación colectiva.
En marzo de este año, Rodrigo Rosada recibió los restos de su hermana Rosmira, quien fuera desaparecida a la edad de 52 años en el departamento de Antioquia. “Para mí y mis familiares fue muy valioso el acompañamiento psicosocial, porque este es un momento esperado, pero al mismo tiempo muy doloroso por la incertidumbre de tantos años y gracias a los sicólogos que nos ayudaron a tener presente buenos recuerdos con mi hermana y así encontrar fortaleza como familia”, aseguró entonces Rodrigo Rosada.
En cuanto a la compensación económica, 592.430 víctimas han recibido su indemnización por vía administrativa, por un valor de 3,6 billones de pesos. Desde 2012, un total de 363.828 de ellas decidieron voluntariamente ingresar al programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos. Aproximadamente, el 20% eligió buscar oportunidades de inversión en vivienda; el 19% en educación; el 7% en proyectos productivos y el 3% en inmuebles rurales, entre otras opciones.
“Esta reparación que recibimos de la Unidad para las Víctimas es un empujón que nos dan para hacer realidad proyectos que antes no podíamos tener. En mi caso, estos recursos los voy destinar a mejorar un negocio de venta de jugos”, dijo Beatriz, víctima por el homicidio de su esposo, al recibir su indemnización en abril de este año en Medellín.
Cerca de 5.000 jóvenes víctimas han accedido a estudios universitarios, gracias a las becas otorgadas a través del Fondo de Educación Superior y alrededor de 100.000 participaron en los talleres de educación financiera. Durante el 2016, se han entregado cerca de 6.000 libretas militares gratuitas para víctimas de desplazamiento forzado, facilitando a los jóvenes el acceso a estudios y empleo.
El conflicto fragmentó al país, desplazó a los campesinos de sus tierras y empobreció a muchas familias que llegaron a las ciudades. Hoy, la Unidad para las Víctimas ha acompañado a cerca de 140.000 hogares en sus procesos de retorno o reubicación, bajo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.
María Griselda Debia perdió a su esposo y un hijo, antes de abandonar sus tierras en Ataco (Tolima). “Nos tocó irnos. Salimos en 2001 y regresé hace cuatro años para reconstruir la finca y a volver a respirar aire puro. En este momento, estamos con el programa de restitución de tierras. Ya comenzamos con el proyecto productivo y, gracias a dios, vamos trabajando”, afirma.
Asegura que los avances en el proceso de reparación colectiva son como un sueño hecho realidad para ella. “Le doy gracias al presidente Santos, que fue el que aprobó la Ley de Víctimas y por él estamos aquí en la tierra, por él estamos trabajando y por él estamos como estamos, iniciando de nuevo, felices, con una nueva vida”, indica esta mujer, contenta de volver a sembrar café, yuca y plátano.
La atención a los desplazados cobró especial relevancia a partir de la Sentencia T-025 promulgada por la Corte Constitucional en 2004, cuando declaró el estado de cosas inconstitucional en la materia. Desde su creación en 2012, la Unidad para las Víctimas viene trabajando en una estrategia para dejar atrás esa situación.
El esfuerzo institucional y presupuestal ha impactado positivamente los derechos de las víctimas de desplazamiento y se debe seguir avanzando para lograr su goce integral de los derechos. Algunos de estos cuentan con una garantía prácticamente universal y se han superado falencias que había en 2004, si bien aún queda camino por recorrer.
Este gobierno ha invertido cerca de tres billones de pesos en atención y asistencia humanitaria, garantizando el mínimo vital de más de un millón y medio de hogares. Otras 144.626 víctimas de desplazamiento forzado han recibido su indemnización, después de que la Corte ordenase a finales de 2013 que estas debían obtener una compensación económica (no prevista inicialmente en la Ley 1448).
Alrededor del 78% de la población desplazada afirma estar en el lugar donde desea rehacer su proyecto de vida, según se desprende de la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos, requerida por la Unidad para las Víctimas en alianza con el DANE, y realizada a más de 27.727 hogares (112.406 personas entrevistadas entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, en 157 municipios del país, incluidas las 23 ciudades principales).
En los últimos años, se han presentado desde el territorio al menos 205 proyectos dinamizadores para procesos de retorno y reubicación, por algo más de 13.000 millones de pesos, donde la Unidad para las Víctimas aporta cerca del 70% de los recursos y el resto es aportado por las entidades territoriales, la comunidad u otros actores estratégicos, como la cooperación internacional. Se ha logrado dinamizar procesos territoriales de retorno o reubicación, a partir de necesidades colectivas que impactan en la sostenibilidad y arraigo de la comunidad.
Todas las medidas mencionadas cobran un sentido especial cuando van acompañadas de aquellas que propenden por las garantías de no repetición, es decir, la voluntad de que las violentas situaciones que se vivieron no vuelvan a ocurrir. Para ello, la Unidad para las Víctimas ha impulsado, junto con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), el diseño de políticas de prevención de reclutamiento forzado, una estrategia para el acceso a la justicia de las víctimas, acciones conjuntas en materia de reconciliación e investigaciones sobre identificación de patrones culturales, entre otros aspectos.
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