- Desde 2012 la Unidad convocó una mesa de trabajo interinstitucional del más alto nivel del Gobierno Nacional, que ha avanzado en definir y facilitar condiciones institucionales para fortalecer y garantizar una reparación integral a la UP. La iniciativa gubernamental complementa acciones de otras entidades estatales, como la del Consejo de Estado, que restituyó la personería jurídica al partido político.
- En noviembre de 2013 se realizó el primer gesto político de acercamiento a algunos sobrevivientes y representantes de la Unión Patriótica, invitándoles a la construcción de una propuesta de reparación integral sobre la base del reconocimiento político y las garantías de no repetición. Estos manifestaron la necesidad de materializar condiciones que dieran sostenibilidad al proceso. En este marco, el Ministerio del Interior creó el Comité de Garantías Electorales para la Unión Patriótica a través de la Resolución 2012 del 2013.
- El Comité, basándose en la evaluación de las condiciones actuales en las que se encuentra el partido, ha adelantado acciones para garantizar la participación en las elecciones y fortalecer a la UP desde su condición de víctima. Entre ellas, se presentó ante el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral, órganos competentes para decidir sobre la permanencia de la personería jurídica de la UP, una consulta y un documento mediante el cual el Ministerio del Interior fija su posición sobre la necesidad de asegurar la plena restitución de la personería jurídica, dando alcance al fallo del 4 de julio de 2013 del Consejo de Estado.
- Asimismo, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas desde diciembre de 2013, han adelantado acciones de fortalecimiento a la UP, encaminadas a la difusión de la verdad, la reconstrucción de la memoria y la no repetición de los hechos cometidos contra la UP. Se destacan la emisión de cuñas radiales sobre la historia de la UP y un documental.
- La Unidad también acompañó la expedición del Decreto 2096 de 11 de octubre de 2012 “Por el cual se unifica el Programa Especial de Protección Integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano y se dictan otras disposiciones”, instrumento que establece medidas complementarias de protección dirigidas a garantizar acceso a vivienda, asistencia en salud y rehabilitación e iniciativas productivas.
- El pasado 24 de marzo, el Estado de Colombia manifestó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su voluntad política de iniciar un proceso de búsqueda de solución amistosa en el caso 11.227 sobre la Unión Patriótica. Desde el reconocimiento del aporte de la Unión Patriótica a la Democracia y a la paz del país, el Estado colombiano rechazó los hechos ocurridos contra la UP y reiteró su compromiso por prevenir e investigar a los responsables:
- “Esta violencia no es solo inadmisible, sino que ha sido distinta a la también sufrida por otras agrupaciones y movimientos políticos. Hoy, el Estado reitera su compromiso ineludible de rechazar todos los actos de hostigamiento y violencia contra la Unión Patriótica, sus dirigentes, miembros y sobrevivientes y por supuesto, sus representantes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hemos tomado y seguiremos tomando todas las acciones para prevenir, investigar y sancionar todos los actos de hostigamiento y amenazas contra ellos y como parte de un compromiso que hacemos con profundo respeto, tomaremos todas las acciones para que estos actos de violencia no vuelvan a ocurrir.”
- En la audiencia pública, el Estado Colombiano propuso unos elementos para el inicio del camino hacia la construcción conjunta del mecanismo de solución amistosa con el fin de avanzar en la materialización de los derechos de verdad, justicia y reparación integral de las víctimas y sobrevivientes de la UP:
- “Primero, conjuntamente entre las partes podemos decidir la conformación de un grupo especial para la búsqueda de una solución amistosa, que incluya la participación de expertos internacionales escogidos de común acuerdo. Como Estado también consideramos que la participación de un delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sería un elemento muy positivo para lograr los avances que nos propongamos y así lo ponemos a consideración de la Comisión.
- Segundo, reiteramos que la definición del alcance del reconocimiento de responsabilidad del Estado será parte esencial del proceso de búsqueda de solución amistosa, especialmente como producto del trabajo que realice el mecanismo de esclarecimiento que las partes acuerden.
- Tercero, como Gobierno nos comprometemos a aportar una importante suma de dinero para el inicio de las labores del grupo de búsqueda de solución amistosa. Este dinero podrá ser destinado a las actividades logísticas que a nivel nacional y regional sean requeridas para el impulso del proceso de solución amistosa.
- Cuarto, el Gobierno se compromete a incluir como parte del proceso, la discusión para el establecimiento de medidas de prevención, protección, verdad, justicia y reparación integral que incluyan medidas de reparación simbólica y garantías de no repetición. También, por supuesto, se compromete a discutir con los peticionarios los mecanismos para avanzar en la identificación de las víctimas.
- Como se reiteró en la Audiencia, el estado Colombiano considera que la Unión Patriótica es un actor fundamental en la vida democrática del país y su fortalecimiento supone un reto de enorme complejidad.
- En el momento actual la mesa proyecta la respuesta de fondo del Estado Colombiano ante la CIDH, así como la Unidad continúa con las acciones de fortalecimiento.
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