Este martes 30 de octubre se llevó a cabo la segunda sesión del Comité Ampliado de Justicia Transicional del Magdalena, que tuvo como objetivo socializar el seguimiento a la ejecución de compromisos asumidos por el departamento para 2018 en cumplimiento de la Estrategia de Corresponsabilidad, así como realizar recomendaciones que le permitan al departamento ajustar su Plan de Acción Territorial para 2019.
Se contó con la participación de la Gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes; el jefe de la Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto, Jaime Duque Peña; secretarios departamentales, alcaldes municipales, enlaces municipales de víctimas, miembros de la fuerza pública , representantes de la mesa de participación de los sobrevivientes del conflicto, y miembros de la Unidad para las Víctimas.
En el transcurso de la jornada se expusieron 42 necesidades sin compromisos, siendo una de ellas la que evidenciaba que jóvenes de 18 años incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), manifiestan no saber leer ni escribir y requieren alfabetización en la próxima vigencia fiscal.
De igual manera, dentro de las necesidades y compromisos estipulados en el tablero del Plan de Acción Territorial (PAT) se identificó la revisión que necesita el presupuesto asignado para el cumplimiento de las medidas con las víctimas, así como la revisión de los programas destinados a la atención de esta población, y la articulación y armonización con asistencia técnica a los municipios.
Asimismo, se buscó hacer una llamado de atención para cumplir con la implementación de la Política Pública de Víctimas, en el marco de la responsabilidad y el trabajo mancomunado de todos los sectores de la administración del departamento.
Se destacó además la importancia de realizar seguimiento a estos compromisos en el marco del comité Territorial de Justicia Transicional, como ejercicio de seguimiento y evaluación para ajustar los planes de Acción Territorial antes del 31 de diciembre de cada año.
De esta manera, se pronunció el jefe de la Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto, Jaime Duque Peña. “Hemos sido convocados para abordar los temas de atención integral a las víctimas, mostrar los avances, las necesidades de articulación que tienen cada uno de los municipios”, señaló y recordó que en el primer comité realizado hace seis meses se trataron temas de presupuesto, los alcances de cada uno de los componentes y el nivel de ejecución de cada uno de los municipios con respecto al presupuesto que fue asignado para la vigencia 2018.
Por su parte Ana María Cortés, miembro de la Subdirección de Coordinación de Nación Territorio, afirma que “la retroalimentación y el seguimiento al cumplimiento de los compromisos del departamento para el 2018 es muy importante, así como dar recomendaciones que les permitan a los municipios ajustar el Plan de Acción”.
A su vez Odorico Guerra, líder de la mesa departamental y nacional de víctimas, se pronunció aseverando que “estos espacios son una gran oportunidad para que nosotros como líderes y lideresas de víctimas hagamos recomendaciones, pues hemos abordado muchos temas sobre la corresponsabilidad de las entidades y los miembros de la mesa de participación de víctimas”.
Guerra, quien ha sido líder de la mesa de participación de víctimas por más de ocho años asegura que la ley 1448 es gradual y progresiva, por eso resalta que hay que entender que todos los procesos se van haciendo poco a poco y la meta es reparar a todas las víctimas que dejó el conflicto. Hay necesidad de recursos y presupuesto para indemnizar correctamente a todas las víctimas. En el encuentro, 16 municipios reportaron compromisos sin presupuesto.
