Con la prioridad puesta en mejorar la atención, asistencia y reparación a los sobrevivientes del conflicto, la Unidad para las Víctimas logró en el año 2018 reducir en un 35% la cantidad de acciones de tutela interpuestas en contra de la entidad.
Fue fundamental, también, una estrategia jurídica que permite mayor eficiencia en la resolución de las acciones de tutela y de otros recursos jurídicos presentados ante la entidad. Bajo el liderazgo de la Oficina Asesora Jurídica, y con la participación de todas las áreas misionales y técnicas de la entidad, se logró pasar de 112.160 acciones de tutela en el 2017, a 73.130 en 2018. Y las que quedaron pendientes fueron 2.380, a diciembre de 2018, mientras que en 2017 habían quedado alrededor de 6.000.
De forma similar, se redujo la cantidad de recursos de apelación –presentados por las víctimas contra decisiones de la entidad- pendientes de resolución. “Resolvimos un poco más de 39 mil a diciembre de 2018 y quedaron pendientes 100 recursos, que es una cantidad importante pero todavía hay oportunidad de resolverlos. Estamos dando una respuesta efectiva a las víctimas frente a decisiones que han puesto a consideración de la oficina”, explicó Vladimir Martin, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad.
Por los resultados obtenidos en materia de tutelas, la entidad recibió un importante reconocimiento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. “Este es un trabajo que ha contado con apoyo de cooperación internacional, por ejemplo de USAID y OIM, articulado con todas las direcciones técnicas y misionales, de la subdirección general y la dirección general; logramos reducir en un porcentaje importante las acciones de tutela interpuestas en contra de la entidad”, afirmó Vladimir Martin.
